Las administraciones públicas (AAPP) que incumplan los objetivos de déficit estarán obligadas a presentar un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. En este plan deberán explicar las causas de la desviación y las medidas que contemplan para retornar a los límites, según recoge el anteproyecto de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria aprobado este viernes por el Gobierno.
En caso de que no se cumpla este plan, la administración infractora deberá constituir un depósito del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que las infracciones se reiteren. De Guindos adelantó que el Gobierno impondría un déficit cero a las CCAA.
Pasados nueve meses, si el déficit sigue sin ser corregido, una delegación del Gobierno Central se trasladará a la comunidad incumplidora para valorar la situación financiera de la misma, tal y como ha detallado el término de la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Déficit cero para todas las AAPP
Además, la nueva ley de estabilidad presupuestaria estipulará que el gasto público no pueda crecer más que el Producto Interior Bruto (PIB). También deberán aprobar un techo de gasto consistente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto.
Esta "regla de oro" no solo valdrá para la administración central sino también para las Comunidades Autónomas y las grandes ciudades", dijo Montoro en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó este viernes el anteproyecto de la nueva ley.
El objetivo es impedir futuros desequilibrios de gasto y situar la deuda pública por debajo del 60% del PIB en 2020.
Este elemento de sostenibilidad se introduce junto con el objetivo de un déficit cero para las administraciones públicas, con una desviación máxima permitida del 0,4% en tiempos de emergencias nacionales, recesión económica, o en caso de catástrofes naturales. También se podría llegar a esa desviación en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, según explica el Gobierno en la referencia del Consejo de Ministros.
Prioridad, pagar la deuda
Además, Montoro dijo que el pago de los intereses de la deuda tendrá una prioridad en el gasto público para recuperar la confianza de los inversores.
En concreto, la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de crecimiento del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.
Igualmente, el déficit estructural del conjunto de administraciones públicas se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en promedio anual. En 2012 el Congreso de los Diputados valorará si existe recesión económica y en su caso aprobará un plan de reequilibrio. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.
Asimismo, la Ley refuerza el principio de transparencia ya que cada Administración Pública deberá establecer la equivalencia entre el presupuesto y la contabilidad nacional.
Con carácter previo a su aprobación, cada Administración Pública deberá dar información sobre las líneas fundamentales de su presupuesto, con objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea.
Sanciones impuestas por la UE
Según la referencia del Consejo de Ministros, las sanciones de la UE impuestas a España en materia de estabilidad, si las hubiere, serán asumidas por la administración responsable.
Claves de la Ley de Estabilidad del Gobierno
