
Con el plazo de negociación entre empresarios y sindicatos concluido, el Ministerio de Empleo toma el relevo para reformar el mercado laboral español. En su mesa de trabajo están las 71 enmiendas que el Partido Popular presentó a la reforma que realizó el PSOE en 2010 y, tal y como afirmó ayer el presidente del Gobierno, éstas constituyen los cimientos de la nueva reforma. Entre ellas figura la generalización del contrato de 33 días de indemnización por despido.
Una medida que la patronal ve "insuficiente", según fuentes de CEOE. La patronal ve en el abaratamiento del despido el elemento esencial para modernizar el mercado laboral. De ahí que su principal exigencia fuera la creación de un contrato con 20 días de despido, en caso de que fuera improcedente, o 12 días de compensación, si se declara procedente.
No obstante, el Ejecutivo volvió a rechazar ayer que su reforma laboral se centrara en la reducción del coste de despido. De este modo lo defendió ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien aseguró que no plantearán con cuántos días se debe indemnizar a un trabajador despedido, sino que el objetivo es "facilitar la contratación y no el despido".
Aun así, el Ministerio de Empleo ha tenido en cuenta la necesidad de motivar la contratación con un nuevo contrato laboral. Según afirmó el líder de CEOE, el Gobierno está estudiando la configuración de un contrato para tiempos de crisis. Una fórmula que los sindicatos estarían dispuestos a negociar, según afirmó ayer el secretario de comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, aunque "dependería de cómo se vaya a configurar". La línea roja que los sindicatos no quieren traspasar es la reducción del coste del despido. Es por ello que ya han rechazado la generalización del contrato de 33 días en las negociaciones, lo que implicaría el abandono del actual contrato indefinido ordinario con 45 días de compensación por año trabajado.
Más plazo para negociar
En cuanto al punto de discordia entre el Gobierno y los agentes sociales -la reforma de la negociación colectiva-, el Ministerio de Empleo está dispuesto a cambiar su estructura y ampliar la flexibilidad interna de las empresas. Los interlocutores sociales continúan apostando por que el Ejecutivo no legisle en este ámbito, ya que no le compete, y piden al presidente del Gobierno que amplíe el tiempo de negociación en esta cuestión.
A pesar de que ninguna de las tres organizaciones (UGT, CCOO y CEOE) recibieran ayer notificación alguna del Gobierno, el jefe del Ejecutivo hizo un llamamiento a los agentes sociales durante la rueda de prensa que celebró ayer junto al presidente francés, Nicolas Sarkozy. "Hago nuevamente un llamamiento a los agentes sociales para que con el acuerdo de todos presentemos una reforma laboral, porque creemos que es capital para el crecimiento económico y para la creación de empleo", afirmó Rajoy.
Un llamamiento que bien se puede interpretar como una ampliación del tiempo de negociaciones, aunque se realizase de forma paralela al trabajo del Ministerio y se centrara tan sólo en la negociación colectiva.
De todas formas, el Ministerio de Empleo empezó ayer a trabajar en la configuración de la reforma "muy en serio", según afirmaron fuentes del Ministerio. Sin embargo, todavía no se trabaja con ningún calendario cerrado, es decir, el plazo para aprobar la reforma se establece en el primer trimestre del año.
Además, estas mismas fuentes consultadas, explicaron que la reforma se basará en las enmiendas que el PP presentó en el Congreso durante la pasada legislatura, pero que no se limitará a ellas, sino que se actualizará a la luz de las modificaciones legales que ya se han ido realizando.
Por tanto, la flexibilidad interna de las empresas y facilitar el descuelgue de las empresas de los convenios de ámbito superior serán los ejes de ésta.
Moderación salarial
Otro de los puntos que todavía queda pendiente es la moderación salarial. Los agentes sociales no han logrado llegar a un acuerdo en este ámbito, así lo mostraba el texto de conclusiones que los interlocutores remitieron al Gobierno la pasada semana.
Por un lado, los sindicatos ya han cedido en inyectar una mayor moderación de salarios durante 2012. Aunque el acuerdo trienal (2010-2012) todavía permanece en vigor, los sindicatos han aceptado que la recomendación salarial para este año era demasiado alta: entre el 1,5 y el 2,5 por ciento. Así que, su propuesta es rebajar dicha subida hasta el 1 por ciento.
Para los empresarios esta propuesta es inaceptable, ya que creen que es necesario congelar los salarios durante los próximos años para ganar competitividad. Según argumentan, en estos momentos, más de 600.000 empresas se encuentran en una delicada situación económica y no podrían soportar un incremento de salarios.
Pero el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, explicó ayer que aunque todas esas empresas estén en problemas, existen muchas otras (más de 1,2 millones) que sí que podrían revisar los salarios.