Fuentes del Gobierno valenciano han confirmado que la comunidad se retrasó la pasada semana en el pago de un vencimiento de deuda por un importe superior a los 120 millones de euros con el Deustsche Bank. Finalmente, se ha saldado "con los fondos que ha aportado la Generalitat" para hacer frente a este compromiso financiero, con el que no pudo cumplir en su día por falta de liquidez.
El crédito vencía el pasado 27 de diciembre y, ante la imposibilidad del Consell de abonar a tiempo los 123 millones de euros adeudados al banco germano, se pactó un aplazamiento.
Según explicaba el diario El País, en este punto el Tesoro Público tuvo que intervenir para ayudar a la Comunidad a solventar su problema. Así, intercedió para lograr que otra entidad concediera un préstamo a corto plazo a la Generalitat valenciana con el que pagar a Deutsche Bank.
No hubo aval formal
En este sentido, las fuentes de la Generalitat citadas por Europa Press han puntualizado que "en ningún momento se ha utilizado mecanismos de financiación extraordinarios, sino que se han seguido los cauces habituales y normales de colaboración entre la Administración autonómica y el Gobierno central".
Del mismo modo se manifestaban anteriormente desde el Ministerio de Economía, que aseguraban que el Tesoro Público no había concedido un aval formal a la comunidad, ya que la ley impide este tipo de fórmula, sino un "aval verbal".
Así, el Consell ha agradecido "la colaboración con los organismos públicos y las entidades privadas para la obtención de liquidez" y ha asegurado que "en todo momento" está asumiendo sus compromisos financieros.
Por último, el Gobierno regional ha indicado que "en el ejercicio de nuestras competencias en materia financiera, estamos continuamente sondeando los mercados y barajando distintas fórmulas de financiación que nos permitan obtener liquidez, como hace también el Estado y el resto de Comunidades Autónomas, y así atender nuestros compromisos de pago, al igual que hacen el resto de administraciones públicas y grandes empresas".
El pasado día 1 de enero, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció que lanzará nuevas medidas de recorte presupuestario por un total de 1.000 millones de euros.
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