Mientras las pymes españolas se debaten entre la carestía de la financiación, la caída de la actividad y la asfixia fiscal, el Tribunal de Cuentas revela ahora la frivolidad con que las comunidades autónomas han gestionado los programas presupuestarios de Fomento y Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas aplicados por la Dirección General de la Pyme del Ministerio de Industria.
Frivolidad que se refleja en las múltiples irregularidades detectadas en el correspondiente Informe de Fiscalización en las que el Tribunal que preside Manuel Núñez, revela como "entre las justificaciones de gastos presentadas por las CCAA y por el Ayuntamiento de Barcelona existen importes elevados dedicados a comidas, catering y a conferenciantes", y se constata también la utilización de la clase preferente en lugar de la preceptiva clase turista en los viajes de avión.
Como también se observa en los numerosos incumplimientos encontrados en la gestión de los expedientes de ayudas, entre los que destaca "la imposibilidad de constatar la condición de pyme de las empresas participantes en algunos proyectos de Andalucía y la Comunidad Valenciana y del cumplimiento del beneficiario de la obligación de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social".
Se señalan también defectos importantes como "la falta de un sistema de control para verificar el mantenimiento por los beneficiarios las inversiones durante al menos cinco años, exigida en la normativa interna y por la UE".
Y dentro de ellos, resalta de manera especial el caso de la Comunidad de Aragón, donde los beneficiarios de las ayudas de mayor cuantía "fueron dos entidades públicas dependientes de sendos Departamentos del Gobierno de Aragón", que perciben más del 22 por ciento del total de las ayudas, y cuyos expedientes presentan, además, "deficiencias significativas".
Dentro de la primera línea de actuación de la DGPyme, se encuentra el Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme (PCCP) 2000-2006, que contaba con unas dotaciones presupuestarias estatales por importe de 426, 85 millones de euros, en los que resalta la existencia de "importantes desviaciones por su baja ejecución" en todo el periodo en los proyectos "Estudio e Internacionalización de la Pyme" y "Espíritu Emprendedor", mientras que el proyecto "Nueva Empresa" tuvo una ejecución superior a la prevista.
En general, el órgano fiscalizador del Estado detecta también que el éxito de la línea de financiación, destinada a favorecer los proyectos empresariales promovidos por las pymes con objeto de mejorar su competitividad y contribuir a la generación de empleo en 2005 y 2006, "ha sido limitado, toda vez que las solicitudes de préstamo presentadas en ambos años han sido sensiblemente inferiores a los importes disponibles".
Esta situación, que el Tribunal considera justificable en 2005 por el hecho de ser el primer año de su funcionamiento, en lugar de reducirse, se mantiene en 2006, duplicándose el importe de las cantidades disponibles al finalizar el año sobre las existentes el año anterior.
Compromisos incumplidos
Asimismo, el informe de fiscalización denuncia que salvo Aragón y Cantabria, las CCAA no cumplieron en su totalidad sus compromisos de cofinanciación de los proyectos, acordados en la Conferencia Sectorial. Así, de los 76,63 millones de euros comprometidos, quedan sin aportar 36,30 millones por trece autonomías y por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Entre las comunidades más imcumplidoras destacan Andalucía. Valencia, Cataluña y Madrid.
Respecto al control de legalidad del PCCP, el Tribunal de Cuentas considera "insuficiente" el sistema establecido para comprobar que la empresas beneficiaria no ha recibido otras ayudas para el proyecto subvencionado y que el total de las ayudas no supera el 100 por cien de la financiación. Una insuficiencia que deriva del hecho de estar basado exclusivamente en la exigencia de una declaración acerca de todas las ayudas públicas que tenga concedidas o solicitadas para el mismo proyecto.
Apunta , igualmente, como la discordancia entre la normativa comunitaria en cuanto a la elegibilidad de los gastos subvencionables y su aplicación en la normativa de la DGPyme, ha provocado la "calificación de error sistemático" en la justificación de estos gastos extrapolable a todos los proyectos certificados antes del 24 de abril de 2008". Por este motivo , y hasta octubre de 2010, la Comisión Europea ha descertificado proyectos para ser cofinanciados con fondos FEDER por un total de 2,9 millones de euros.
A lo largo de todo el periodo de validez del Plan, el mayor descenso de participación, dentro de las CCAA, incluidas en el Objetivo 1 de la UE y, por tanto, susceptibles de recibir cofinanciación del FEDER, corresponde a la Comunidad Valenciana, que pasa de recibir el 42 por ciento del total en el año 2000, al 21 por ciento en 2006; mientras que el mayor crecimiento corresponde a Andalucía que sube del 9 al 16 por ciento. En las comunidades fuera del Objetivo 1 las diferencias no son significativas.
Entidades
La deuda de las CCAA crece un 22%
