Las pensiones de viudedad están destinadas a desaparecer o, al menos, a modificar su configuración para que su percepción deje de ser universal. Lo dijo recientemente la Comisión Europea y se ha sumado a esta opinión el presidente en funciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Aurelio Desdentado Bonete, que entiende que la pensión de viudedad actualmente está pensada para otras épocas en las que la mujer no estaba incorporada al mundo laboral.
El acuerdo sobre medidas en materias de Seguridad Social, firmado por Gobierno, CEOE, UGT y CCOO en junio de 2006, ya recogía que la pensión de viudedad debía recuperar su carácter de renta de sustitución y reservarse para aquellas situaciones en las que el fallecido contribuía efectivamente al sostenimiento familiar. Es decir, este acuerdo, que toma como referencia el Pacto de Toledo, pretendía actualizar la acción protectora del sistema a las nuevas realidades sociales.
Esa actualización es la que pide el magistrado del Supremo Aurelio Desdentado, según explicó durante su participación la pasada semana en un foro de reflexión sobre el futuro de la Seguridad Social. A su juicio, "la situación ha cambiado y ahora habría que ponderar la situación económica" en la que queda el potencial beneficiario de la prestación, ya que la universalización de esta medida resulta "muy caro" al sistema.
Un sistema del pasado
Según dijo, el sistema está pensado para una situación demográfica que ya no existe y en la que el legislador no quiere entrar. "Prefiere lograr la estabilidad del sistema sin perder muchos votos", afirmó. Y es que hacer cualquier recorte en las prestaciones es una medida, como poco, impopular.
Así lo entiende también la adjunta a la Secretaría de Política Institucional Confederal de CCOO, Blanca Villate, que opina que todos los recortes "buscan que el sistema público de pensiones sea viable". "Por eso hay que explicarlo bien a la gente. Si se modifica y se deja de percibir una prestación o ésta disminuye, hay que saber explicar que no se hace por placer", indicó a elEconomista.
Mientras, desde la Unión General de Trabajadores evitan valorar la reflexión efectuada por el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Desde el sindicato se remiten a los acuerdos firmados por la organización, unos pactos en los que se recoge la reformulación de las prestaciones de supervivencia.
Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) se respalda, en parte, la opinión del magistrado del Supremo. Enrique Peidro, miembro del Comité Ejecutivo de Ceoma, señala que "sería válida para viudas jóvenes, que sí están totalmente incorporadas al mundo laboral, pero no así para señoras mayores", y hay muchas viudas sin formación para el empleo y sin ingresos ajenos a su pensión. "La discusión planteada por el magistrado sólo cabe cuando se recibe por parte de las viudas más de un ingreso", agrega.
Ley en vigor
El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, que introduce una disposición adicional por la que el Gobierno, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, debe elaborar un estudio que aborde la reforma integral de la pensión de viudedad.
Y es que el sistema actual responde a una situación familiar en la que sólo hay un ingreso. "Los modelos familiares han evolucionado hacia fórmulas diferentes", señala Villate, que añade que el estudio que elabore el Gobierno deberá analizar la "situación real" de las parejas en España, los casos de dependencia económica y los salarios.
Además, debería dar respuesta a si el recorte de este tipo de prestaciones ayuda a hacer más viable el sistema de pensiones, que vive una época de vacas gordas por el récord de afiliación registrado. Según Blanca Villate, de CCOO, no hay que perder de vista la década de los 90, cuando florecieron los fondos privados de pensiones porque desde el Gobierno se decía que el sistema "era insostenible".
Los partidos políticos, enfrascados en plena precampaña electoral, no van ni a mencionar un posible recorte en pensiones. Todo lo contrario. El presidente del PP, Mariano Rajoy prometió el pasado mes de diciembre una subida de las pensiones mínimas de viudedad en 150 euros si su partido gobierna tras el 9-M. Y desde el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido a elevar entre un 30 y un 40 por ciento las pensiones más bajas, entre ellas las de las viudas.
