Madrid, 11 feb (EFECOM).- El Tribunal de Cuentas considera necesario que el Gobierno regule por ley la renta activa de inserción, para evitar así que lo cobren personas que no deben o que ya son perceptoras de ayudas sociales de las comunidades autónomas.
La renta activa de inserción pretende aumentar las oportunidades de los desempleados con especiales necesidades de volver al mercado laboral; es una ayuda económica que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal, y no supera el 80 por ciento de la cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos Públicos (IPREM) vigente cada año.
Tras fiscalizar los beneficiarios de la renta activa de inserción durante 2005 y detectar que 2.134 de esos perceptores estaban al mismo tiempo trabajando, y otros 5.711 cobraban ayudas análogas de las comunidades, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ejecutivo que regule con una norma dicha prestación.
También le pide que estudie la conveniencia de establecer, con rango de ley, el régimen de incompatibilidades entre la renta activa de inserción y las mínimas, salarios sociales o ayudas análogas concedidas por las comunidades autónomas.
Al respecto, estima necesario que se estudie la posibilidad de potenciar, mejorar y agilizar los mecanismos de intercambio de información entre el Servicio Público de Empleo Estatal e Instituto Social de la Marina y los servicios autonómicos.
La razón principal que da es que el Servicio Público de Empleo Estatal no tenía contabilizado el importe (156 millones de euros) de los derechos de cobro generados como consecuencia de las prestaciones y subsidios por desempleo indebidamente percibidos.
En cuanto al Servicio Público de Empleo Estatal, el Tribunal le aconseja que mejore sus aplicaciones informáticas de gestión de prestación para evitar posibles fraudes y que incremente el cruce de información con las comunidades. EFECOM
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