Hoy comienza a funcionar un teléfono de atención contra el acoso inmobiliario. Es el 900 900 707 y lo ha puesto en marcha el Ministerio de la Vivienda y la Federación de Municipios y Provincias. Eso sí, tendrá que pasar un periodo de pruebas y, de momento, sólo funcionará en diez municipios.
Así, cualquier persona podrá denunciar si su casero la está presionando para abandonar un inmueble. Como en el caso de Carmen, una cordobesa que paga 30 euros al mes por el alquiler de un piso con grietas y humedades. Su propietario no lo arregla, aunque ella nunca lo ha denunciado.
El teléfono funcionará en los municipios de L'Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, La Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas. Si es efectivo, se extenderá al resto del país.
