Hoy es el día esperado. Mariano Rajoy, un mes después de que su partido obtuviera mayoría absoluta en las elecciones, presenta ante las Cortes, y también ante la opinión pública, su programa de Gobierno. Aunque el detalle de las medidas se ha guardado bajo siete llaves, algo es evidente: Rajoy va anunciar hoy medidas "no gratas".
El discurso del debate de investidura, que arranca a las 12:00 horas, va a dar a conocer ajustes por la urgencia de recortar el déficit, objetivo prioritario de la política económica de los populares, que hasta ahora no se conocían y que el propio Rajoy no ha querido adelantar.
"No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, ni gastar lo que no tenemos" o "los españoles son conscientes de que hay que tomar medidas no gratas" son algunas de las escasas pistas que ha dado el futuro presidente del Gobierno hasta la fecha. Y lo ha hecho hace muy poco, el día que salió de la Zarzuela tras ser recibido por el Rey en la ronda de consultas del jefe del Estado con los líderes de los partidos que han obtenido representación parlamentaria en las pasadas elecciones.
Además de desgranar los objetivos de su política, el próximo jefe del Ejecutivo es seguro que anuncie varios recortes. Uno de los primeros puede incumbir a los funcionarios. Rajoy se mojó al decir que habrá que adoptar decisiones no gratas cuando se le preguntó el pasado jueves por las medidas de la Generalitat de Cataluña en la Administración Pública.
Personal interino
El Ejecutivo de Artur Mas acaba de anunciar que tiene la intención de retrasar el pago de la extra de Navidad a los funcionarios, por lo menos al mes de enero. Días antes había propuesto a los sindicatos hacer "una revisión de las plantillas ocupadas por personal interino en servicios no finalistas ni esenciales". Esta revisión supone un ajuste de personal por cancelaciones de contratos y por la no renovación de los temporales.
Igualmente, se pretende extender las excedencias, de hasta tres años, entre el funcionariado con plaza en propiedad, además de suspender la oferta de ocupación pública y dejar en suspenso las ofertas públicas aprobadas y no convocadas. Eliminar temporalmente las aportaciones a planes de pensiones de los empleados públicos, así como el abono de los complementos de productividad, son otras de las medidas que va a adoptar la Generalitat presidida por Artur Mas.
No hay que olvidar que Mariano Rajoy ha sostenido a lo largo de la campaña electoral que sobre el sueldo de los funcionarios no se podía pronunciar hasta que no se analizara la situación de las cuentas. "No me puedo comprometer", dijo en varias ocasiones.
Después del traspaso de poderes, culminado prácticamente el viernes con la reunión en La Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero, el PP conoce ya muchos datos. El anuncio de un ajuste en la Administración Pública es, entonces, inminente.
Menos plazas
Otra de las medidas se referirá a la cobertura de plazas en la Administración. A semejanza de lo ocurrido en Cataluña, el Partido Popular tiene la intención de ir "dejando morir" plazas a medida que sus ocupantes se jubilen o pidan el traslado. "Muchas plazas, excepto en las áreas de la sanidad y la educación, se pueden ir amortizando", declaró Rajoy el pasado mes de noviembre.
La Oferta de Empleo Público perderá tal condición, la de oferta, en los siguientes Presupuestos generales del Estado.
Junto al sacrificio de los empleados públicos, se espera también un adelgazamiento profundo de la Administración. El Partido Popular no ha adelantado ningún proyecto concreto, pero es ya seguro que habrá una poda de departamentos ministeriales, secretarías de Estado, cargos de confianza, personal administrativo adscrito a altos cargos, seguridad, coches oficiales, viajes (se procurará utilizar el tren de alta velocidad siempre que sea posible para evitar pernoctar fuera de Madrid), gastos de representación y protocolo.
Rajoy adelantó en campaña que se suprimiría el 50 por ciento del personal de confianza, es decir, justo el porcentaje en el que se ha aumentado durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero en el Ejecutivo.
Ley Audiovisual
Una de las posibles privatizaciones puede afectar a RTVE. Rajoy modificará la Ley Audiovisual, con el fin de permitir privatizaciones de canales de televisión autonómicos. Así, por ejemplo, el Gobierno de Dolores de Cospedal tendrá luz verde para privatizar la televisión autonómica, un deseo político largamente repetido y compartido con su homóloga madrileña Esperanza Aguirre. En el caso estatal, en el PP no se descarta la privatización de La2, algo ya recogido en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones en el año 1996.
Con respecto al resto de las empresas públicas o al patrimonio del Estado, los populares son muy cautos. Así como el Gobierno de Artur Mas espera obtener 800 millones de euros en 2012 por la venta de la mayor parte del parque de edificios en propiedad que posee y de muchas de las empresas públicas autonómicas, en el caso de la Administración central el panorama no es tan sencillo.
El Estado ya no cuenta con un entramado empresarial como en los años 90 y el que queda, hay que mirarlo con lupa. De hecho, dos de los procesos de privatizaciones puestos en marcha en 2011, Aena y Loterías, van a ser revisados y en el caso del segundo organismo, hasta paralizado.
Debate de investidura: habrá medidas duras
