La IX Legislatura, que empezó ignorando la crisis, culmina con una recaída en la regresión económica y con la frustración de unas reformas insuficientes e inconclusas.
De la incredulidad a la recesión; del ajuste a la incertidumbre cronificada. Si de alguna manera hay que resumir la complejidad de la situación económica durant los años de la segunda legislatura del Gobierno socialista que acaba de terminar podría definirse muy concretamente por la inicial actitud de pretender ignorar la realidad; en segundo lugar por una mala evaluación de la profundidad y de la larga duración de la crisis y por la entrada tardía en la vía de las soluciones que, enmuchos casos, han sido forzosas o forzadas y en todos los casos enfrentadas como un mal menor trufado de apriorismos ideológicos que posteriormente ha habido que enmendar demanera mucho más abrupta.
Por el medio, un relevo en la responsabilidad económica, de un contrastado experto como Pedro Solbes, sujeto a presiones imposibles desde sus propios compañeros de Gobierno, hasta el Partido Socialista, que horadaron su autoridad y redujeron su capacidad demaniobra, a una Elena Salgado con una amplia carrera administrativa detrás y con un caráctermás complaciente ante las presiones de donde quiera que se produjeran, pero que toma el relevo cuando fatalmente la recesión semostraba imparable.
Los primeros pasos de la legislatura consistieron en una lamentable pérdida de tiempo. Todo el primer año de la legislatura se deambuló desde la minusvaloración de sus efectos en España hasta la falsa creencia de que las instancias internacionales serían capaces de buscar salidas colectivas inmediatas.
Como novatos se acudió a la cumbre del G-20 en Washington, en noviembre de 2008, una cumbre que
cayó en el inmenso error de santificar el estímulo fiscal como palanca fundamental para restablecer el crecimiento mundial. ?El estímulo fiscal de cada país puede tener el doble de eficacia para incrementar el crecimiento del producto interno si los principales socios comerciales también adoptan políticas estimulativas?.
Con ese comunicado bajo el brazo, convertido en dogma, se volvió el Gobierno a Madrid y se puso a ello con verdadero frenesí. Mientras el año 2009 presentaba la primera recesión española desde la adopción del euro, el Ejecutivo, calurosamente acompañado de las demás administraciones, incurría en el mayor déficit público desde el final de la Guerra Civil, escudándose en el eslogan de que España era entonces el país del euro cuya deuda pública respecto al PIB era la más baja.
La Administración central rozó los 100.000 millones de déficit, el 9,49 por ciento del PIB, con una economía en un decremento del -3,7 por ciento y con una variación interanual del empleo total de la economía, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del ?6,6 por ciento.
Los falsos brotes verdes
La situación desesperada del año 2009 no fue suficiente revulsivo para el Gobierno socialista. Todavía en el primer semestre del año se produjo una desafortunada opinión de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que se ha convertido en tópico recurrente del segundo año de la legislatura. En un sesión de control al Gobierno en el mes de mayo aseguró que ?en unas semanas se podrán ver los primeros brotes verdes en la economía española?, inducida por algunas, vanas expectativas manejadas por el Banco Central Europeo sobre un incipiente periodo de recuperación. Evidentemente, de aquellos brotes verdes nunca se supo, desgraciadamente ni dos años más tarde.
A todo esto, la economía europea, y también la norteamericana, seguían en una atonía determinada por la crisis financiera a ambos lados del Atlántico. Una crisis financiera analizada de nuevo globalmente en la cumbre del G-20 de Pittsburg, en septiembre de 2009, y que dio como resultado que las inversiones masivas de los bancos centrales y de los Gobiernos se convirtieran en una parte importante del problema, de tal manera que el año siguiente, 2010, se postulaba que para superar la crisis financiera y sus consecuencias económicas era necesario evitar los peligros de las medidas adoptadas con anterioridad.
En este contexto entre la confusión general, el aturdimiento político y los intereses inmediatos de cada país que busca salidas autónomas a la crisis, España afrontó el tercer año de la legislatura, que es crucial para entender la situación actual y que por fin supuso un cambio riguroso de rumbo por parte del Gobierno, enfrentado a las exigencias de la Unión Europea, en la que prevalece como dogma el paradigma alemán.
La llegada del ajuste
El Gobierno español afronta en el primer semestre de 2010 su mandato en la presidencia de la Unión Europea. Despejada de toda la grandilocuencia que acompaña estas circunstancias, se produce la paradoja de que la Unión Europea coloca a España entre los países problemáticos para el equilibrio del euro. Los argumentos a los que se
enfrenta el Gobierno español son todos muy evidentes: crecimiento prácticamente nulo, aumento del paro a una tasa que más que duplica la de Europa, déficit público ingobernable y crecimiento vertiginoso de la deuda pública.
Y llegan las duras jornadas del mes de mayo de 2010, que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó como las más duras de su mandato.
Tras asegurar con reiteración durante meses que el ajuste económico, que ya se presentía necesario e inaplazable, tendría en cuenta como máxima el que los gastos sociales serían respetados, el Gobierno socialista anuncia un recorte del gasto de 15.000 millones de euros que los representantes europeos consideran insuficientes. Rodríguez Zapatero imprimió un giro de 180 grados a su discurso y a sus medidas anticrisis, renunciando a lo que hasta ese momento había sido intocable, las políticas sociales. Acabó con el cheque bebé de 2.500 euros para nuevos nacimientos, bajó un 5 por ciento el sueldo de los funcionarios, congeló las pensiones, anunció la subida de dos puntos en los tipos impositivos del IVA y más tarde el impuesto sobre el tabaco, y dio un tajo radical de 6.000 millones a los planes de infraestructuras en marcha.
Pero Europa y los institutos internacionales más solventes exigían más, mucho más. Exigían un crecimiento económico que se veía frenado por la falta de reformas sustantivas en la estructura económica española. Una reforma laboral profunda (que se resolvió con un precario acuerdo de mínimos); exigían una reforma del sistema de pensiones que culminó con la elevación a medio plazo de la edad de jubilación hasta los 67 años y otras medidas técnicas para fortalecer el sistema, medidas todas de efectos diferidos en el tiempo.Y exigían algo que ya se había planteado por las bravas y crudamente, la reestructuración severa del sistema financiero.
Todas estas exigencias permanecen sobre la mesa y ninguna de ellas se ha culminado al concluir esta legislatura. El reequilibrio de las cuentas públicas ha tropezado con el insólito despilfarro de las comunidades autónomas, trastornadas sus haciendas también por una reforma del
sistema de financiación que no ha dado los resultados previstos. El compromiso de déficit para el año 2011 se cumplirá por la Administración central, pero no por las Comunidades autónomas, lo que descompone, a su vez el Programa de Estabilidad y Crecimiento, ya que lo que no se cumpla este año se acumulará al rigor del año próximo en el que el déficit de las administraciones públicas no debe superar el 4,4 por ciento del PIB. Como el incumplimiento de este año corresponde a las comunidades autónomas, serán éstas sobre las que recaiga una exigencia adicional de rigor.
Junto a este problema se plantea como más urgente la culminación de la reestructuración del sistema financiero, que es inseparable de la fórmula para resolver el gravísimo problema de los activos inmobiliarios dañados.
El Gobierno saliente deja abierta una crisis que ha trascendido toda la legislatura y que no ha servido tampoco para sentar bases firmes para la recuperación económica. Una economía en regresión, con una cifra de paro que asusta y que manifiesta todavía una tendencia de crecimiento; con una muy limitada capacidad para actuar por la vía de los ingresos públicos que no sea la ampliación de las bases impositivas; un gasto público todavía no disciplinado; un sistema financiero ensimismado en sus problemas y ajeno a la función de financiar la actividad económica, son las señales de identidad que nos enfrentan a una exacerbación de las tensiones en los mercados y, por qué no decirlo, por una pésima conducción europea de la crisis, en las que se eternizan las decisiones, lo que de nuevo retroalimenta las tensiones en los mercados.
La segunda legislatura socialista, que se inició con los tambores de guerra batiendo sus malos presagios, ha asistido a la regresión económica de España, a su caída de prestigio y confianza y a una desesperante situación social. Y sin un modelo económico alternativo al que se ha derrumbado en los últimos cuatro años.
En su primer mandato, Zapatero postulaba con insistencia un nuevo modelo de crecimiento.
Desgraciadamente, el resultado es al revés.
Zapatero niega dejar a España en ruina
