Washington, 7 feb (EFECOM).- El Gobierno de República Dominicana violó las normas del Fondo Monetario Internacional (FMI) al no informarle de un crédito que extendió a la empresa privada Sun Land, una operación que nunca debía haber realizado, según el organismo.
El caso también supuso el incumplimiento de sus compromisos con el Fondo porque llevó a una suspensión de pagos temporal por parte del Gobierno, según dijo a Eve un portavoz del Fondo que no quiso ser identificado.
Ese préstamo, por valor de 130 millones de dólares, se ha convertido en tema principal de la campaña electoral en República Dominicana, pues el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) mantiene que la operación violó la constitución del país al no recibir la autorización del Congreso Nacional.
El contrato fue firmado por el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del estado, Félix Bautista, quien suscribió los 19 pagarés del préstamo, que aparentemente entraron en suspensión de pagos temporalmente.
El Consejo Ejecutivo del Fondo, que representa a los 185 países miembros del organismo, analizó el caso durante su última revisión del acuerdo crediticio con la República Dominicana, que realizó el 30 de enero, y el lunes divulgó un comunicado con sus conclusiones.
En su último párrafo, en un lenguaje críptico, el Consejo dijo que República Dominicana no cumplió con uno de los parámetros del acuerdo conjunto y violó también el Artículo VIII de la "carta magna" de la institución al no informarle de una suspensión de pagos de la deuda pública ocurrida el año pasado.
En su sección quinta, ese Artículo obliga a los países miembros a dar datos veraces sobre su nivel de deuda.
Pese a la infracción, el Consejo Ejecutivo anunció que no tomará "ninguna medida adicional en este momento" contra el país, en vista de que su Gobierno había adoptado "acciones correctivas" para que no vuelva a ocultarse información y que no se repita una mora en el pago de la deuda pública.
El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, ha dicho que el contrato no constituye un crédito público según la ley dominicana y que no requería la aprobación del Congreso Nacional para ser extendido.
El presidente dominicano, Leonel Fernández, ha afirmado que la operación fue legal y transparente.
En diciembre, el Gobierno rescindió el contrato, firmado en mayo de 2006, de "mutuo acuerdo" con la empresa por causa de los atrasos en las obras que debía haber realizado Sun Land.
La suspensión de pagos temporal fue uno de los cinco puntos en los que República Dominicana incumplió su acuerdo crediticio con el FMI, según la declaración del Consejo Ejecutivo, que aún así aprobó el último desembolso para el país, por valor de 122 millones de dólares. EFECOM
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