
La huelga general convocada este jueves por los dos principales sindicatos portugueses para protestar por las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno de Pedro Passos Coelho ha tenido un seguimiento mayoritario en los sectores de transporte terrestre y aéreo, sin apenas servicios en ferrocarriles y con menos de una veintena de vuelos completados de los más de cien previstos, mientras que ha sido secundada por una minoría de los funcionarios de la Administración General.
La huelga fue convocada por los dos principales sindicatos del país, CGTP y UGT, y afectaba al conjunto de servicios públicos, como la educación, la sanidad y la justicia. "La huelga es un sacrificio por el bien del país. Es una tarjeta roja al gobierno por su acción, que conduce a la pauperización", afirmó Manuel Carvalho da Silva, secretario general de la CGTP.
Seguimiento
Según las cifras del gobierno, sólo 12.800 de los 355.305 funcionarios han participado en la huelga, es decir el 3,6%. Sin embargo, para la CGTP, la tasa de participación superó la de la última huelga general, hace justo un año, en la que se movilizaron tres millones de personas.
Por el contrario, el mayor seguimiento de la jornada de huelga general se ha registrado en los aeropuertos, que han quedado prácticamente vacíos y no han podido operar la mayoría de los vuelos programados para este jueves.
La Federación Nacional de Sindicatos de la Función Pública ha informado de que la aerolínea portuguesa TAP ha cancelado 121 de los 140 vuelos programados para este jueves y el Aeropuerto de Portela, en Lisboa, ha anulado todas las operaciones aéreas hasta las 17.00 horas del viernes, según recoge la prensa lusa.
En Lisboa, el metro estaba parado y el servicio de transbordadores fluviales que conecta las dos riberas del Tajo también se encontraba interrumpido.
En el sector sanitario, 3.816 funcionarios no han acudido a trabajar, de un total de 16.889. El seguimiento en Educación ha sido mucho menor, con 1.370 funcionarios secundando el paro de un total de 240.029. La huelga general ha sido respaldada por 3.571 de los 13.451 empleados públicos de este departamento.
Incidentes y diversidad de opiniones
Con varios centenares de piquetes informativos repartidos por todo el país, los primeros incidentes se han registrado en la zona de Alvalade y Benfica en Lisboa, según ha informado la Policía portuguesa. El primer ataque se registró en un comercio a las 8.25 horas en la calle Amélia Rey Colaço, en Benfica. Poco después, a las 9.15 horas, fueron atacadas unas instalaciones en la calle del Centro Cultural.
"Estoy de acuerdo con la huelga. Debemos esforzarnos en reembolsar las deudas del país, pero esta austeridad es demasiado brutal", señalaba Patricia Conceiçao, una joven contable, delante de su empresa. "La gente tiene razón de hacer huelga. Los aumentos de impuestos son de locos", dice Manuel Rodrigues, delante de su quiosco en el centro de Lisboa.
Resignado, Luis Salavisa, de 53 años, un informático funcionario, piensa que "dada la situación del país, no es el momento" de hacer huelga.
Contra las medidas de austeridad
El objetivo de la huelga general es protestar contra las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno de centro-derecha a cambio de una asistencia financiera de 78.000 millones de euros otorgada por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar la deuda portuguesa.
"Respetamos escrupulosamente el derecho de huelga, pero la situación sólo podrá superarse mediante el rigor y la exigencia. Todos los sacrificios pedidos a los portugueses valdrán la pena", ha asegurado Miguel Relvas, ministro portavoz del gobierno.
Además de aumentar el IVA y el precio de los transportes, el plan de austeridad del gobierno afecta especialmente a los funcionarios. Los sueldos de estos han sido congelados y el año próximo perderán dos de sus 14 pagas mensuales. En el sector privado, la jornada laboral se aumentará en media hora.
Según estimaciones oficiales, esa política de rigor provocará el año próximo una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) de 3%, y el desempleo afectará al 13,4% de la población activa.
El país recibió otra mala noticia este jueves cuando la agencia Fitch anunció que rebajó un peldaño la nota crediticia portuguesa, de BBB- a BB+.