Cataluña, con órdago al futuro Gobierno incluido, abrió el melón de las nuevas rebajas a los funcionarios. Y ahora, ante el silencio de Mariano Rajoy a pesar de la urgencia de medidas que recorten el déficit del Estado, vuelven las especulaciones sobre las bajadas de sueldo aunque en realidad nunca se han ido: tal y como publicó elEconomista en mayo, el Gobierno siempre ha tenido el plan preparado en el cajón.
El Ejecutivo saliente, además de aprobar in extremis la polémica Ley Sinde, podría dejarle hecho parte del trabajo sucio al nuevo Gobierno del Partido Popular.
Y en esa idea insiste hoy La Razón, que titula en portada que Elena Salgado dejará en herencia un plan de recorte a los funcionarios. No es que lo vaya a aplicar porque su tiempo ha teminado, sino que el Gobierno pondrá a disposición de Rajoy sus estudios de recorte del gasto para que éste decida.
España debe ahorrar cerca de 30.000 millones para cumplir con los objetivos de déficit de Bruselas, y las partidas de gasto en las que puede meterse la tijera tienen nombre y apellidos. Así las cosas, los sueldos públicos, que ya sufrieron un recorte del 5% en junio de 2010, aparecen como candidatos para una nueva rebaja. Es lo que ha pasado en todos los países rescatados y es lo que indica la lógica.
Las opciones del recorte
El borrador al que elEconomista hacia alusión en mayo contemplaba una reducción de las pagas extraordinarias hasta dejarlas en su mínima expresión. En concreto, la idea era suprimir los complementos específicos de las pagas extraordinarias que se reciben en los meses de junio y diciembre.
Pero este boceto del Ministerio de Economía y Hacienda no era más que uno de los muchos que por entonces se estaban haciendo de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que finalmente no se hicieron porque el adelanto electoral aconsejó prorrogar los de 2011.
El citado artículo de hoy en La Razón señala que el objetivo de estos planes es ahorrar otros 3.000 millones de euros. Y para ello podría impulsarse otro recorte adicional del 5% junto a la rebaja sustancial de los complementos y pluses que cobran estos empleados.
Además, la congelación de la oferta de empleo público y la eliminación de la tasa de reposición sería clave en los planes de ahorro, que tendrían carácter temporal porque los funcionarios irían recuperando lo perdido según se vaya salinedo de la crisis.
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