BRUSELAS (Thomson Financial) - (Se corrige para indicar que el nivel de referencia que se toma para reducir las emisiones en 2020 es 2005 y no 1990)
La Comisión Europea reveló el miércoles su plan de lucha contra el cambio climático para reducir en 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, que costará 3 euros por semana y por persona y según el cual la industria deberá pagar para tener derecho a contaminar.
Como se esperaba, el plan revelado por Bruselas exige un importante esfuerzo de los industriales del Viejo Continente y será objeto de duras negociaciones con los gobiernos nacionales de los 27 miembros de la Unión Europea (UE), preocupados por la competitividad de sus economías.
En una presentación ante el Europarlamento, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dijo que se trata del 'paquete de medidas más completo del mundo' para luchar contra el recalentamiento planetario, con un costo de 'tres euros por semana y por persona' de aquí a 2020.
Decidida a convertirse en líder mundial en la lucha contra el recalentamiento planetario, la UE se había comprometido en marzo de 2007 a reducir en un 20% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2020 con respecto a los niveles de 2005.
La UE también había acordado elevar al 20% el porcentaje de energías renovables (eólica, solar, biomasa, geotérmica) en el consumo total del bloque en 2020, contra 8,5% actualmente, y a aumentar al 10% el uso de biocarburantes en el sector del transporte para el mismo año.
Ahora, llegó la hora de dividir ese esfuerzo a nivel nacional entre los 27, y la propuesta de la Comisión Europea exige a Suecia que la mitad de su consumo de energía provenga de fuentes renovables en 2020, mientras que España deberá llegar a un porcentaje del 20%, Francia a 23%, Alemania al 18%, Italia al 17% y el Reino Unido al 15%.
Los gobiernos nacionales han cuestionado el cálculo y la forma de reparto, mientras que los industriales han agitado el fantasma de los traslados de usinas con el objetivo, en parte exitoso, de atenuar las propuestas de Bruselas en esta primera fase.
Como el plan debe ser aprobado por el Europarlamento y todos los Estados miembros, se espera una segunda fase de negociaciones también muy complicada que debería desembocar en un acuerdo hacia fines de 2008, según la Comisión.
El conjunto de las propuestas de Bruselas se centra en un esfuerzo considerable de la industria pesada, responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE (más de 2.000 toneladas de toneladas en 2005), que a partir de 2013 deberá pagar para contaminar.
'El sector de la electricidad, responsable de la mayor parte de las emisiones de la Unión Europea, deberá pagar en forma completa desde el inicio del nuevo régimen en 2013', indicó la Comisión.
'Otros sectores industriales, como la aviación, lo harán en forma gradual', agrega Bruselas, que hasta el momento otorgaba las cuotas de emisiones de CO2, cuyo costo es de 23 euros (unos 33 dólares) por tonelada/carbono, en forma gratuita.
En cuanto a la otra mitad de las emisiones contaminantes de la UE, las mismas provienen de los transportes, la agricultura y los residuos, que deberán ser reducidas en un 10% para 2020.
Si Durao Barroso prometió que el costo de la factura anual se limitará al 0,5% del PIB (Producto Interior Bruto) de la UE, es decir unos 60.000 millones de euros (unos 87.000 millones de dólares), otras fuentes comunitarias juzgaron más realista hablar del doble.
Durao Barroso indicó que el costo de las medidas debería ser compensado por los ahorros en importaciones de gas y petróleo de la UE, de 50.000 millones de euros anuales.
En cuanto a la venta de permisos para contaminar, estos deberían generar otros 50.000 millones de euros, monto que iría a parar a las arcas de los Estados miembros y serviría para financiar las innovaciones técnicas necesarias para la reducción de emisiones.
Bruselas espera mucho de las negociaciones sobre cambio climático iniciadas en Balí en diciembre de 2007 y apuesta a un acuerdo internacional en 2009 para limitar el impacto de la factura, bajo la amenaza de imponer impuestos a las importaciones de los países que no respeten sus normas medioambientales.
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