Sin un euro para medicamentos y hasta final de año. Así están los Gobiernos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares para desesperación de casi 4.000 farmacias, que no cobran desde verano, y de los laboratorios, con impagos globales que suman los 5.800 millones de euros.
Sólo la deuda de estas tres regiones con sus farmacias asciende a más de 570 millones de euros, que se pueden estirar hasta los 1.600 millones si las Administraciones no abren el grifo hasta enero. En total, 3.913 boticas no cobran unas recetas que suponen más del 80 por ciento de su facturación. Otras 7.300 oficinas de Cataluña, Canarias o Andalucía también están en la cuerda floja, porque las consejerías de Sanidad han adelantado que no tienen dinero para pagar el último trimestre del año.
Mientras, el sector debe costear los medicamentos con créditos. Una solución que pusieron en marcha los boticarios de Murcia en mayo tras avalar con su patrimonio una póliza bancaria de 200 millones de euros que venció en septiembre. La Administración murciana ha retomado los pagos y la factura de septiembre se ha abonado con dinero público, dice el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia.
Situación explosiva
Pero la situación es crítica. Tras el cierre de agosto de las farmacias en Castilla-La Mancha, los farmacéuticos valencianos han denunciado la situación con carteles donde avisan de que si no cobran, podrían dejar de dispensar medicamentos.
La Generalitat valenciana tiene un plan para pagar la deuda de forma aplazada hasta 2014. El próximo presupuesto en Farmacia deberá incluir así 360 millones de euros correspondientes a 2011, aunque para muchos llega tarde. En Valencia, 30 farmacias se han acogido al concurso de acreedores, un número que se elevará a partir de noviembre, aseguran desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, que se ha dado de plazo hasta el miércoles para cerrar un acuerdo antes de adoptar medidas más contundentes.
Los colegios farmacéuticos se afanan en buscar soluciones conjuntas y aconsejan a los boticarios no arriesgar el patrimonio personal para avalar los créditos solicitados, pero son estas garantías las que están exigiendo entidades financieras, como Globalcaja, y las que han dado al traste con el convenio marco presentado por Castilla-La Mancha, donde las farmacias siguen abiertas, pero con stocks de medicamentos mínimos.
No hay desabastecimiento
Los desabastecimientos de medicamentos no se han producido todavía gracias, sobre todo, a la distribución farmacéutica, un modelo cooperativo que garantiza el suministro de fármacos a las 21.364 farmacias abiertas en España y que está dando oxígeno a sus cooperativistas con aplazamientos de pagos de hasta 90 días o firmando acuerdos con entidades financieras que, eso sí, tendrán intereses.
Estas medidas excepcionales no se pueden mantener por más tiempo. Al director general de Fedifar, Miguel Valdés, le preocupa "la gravísima situación que atraviesan las farmacias de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares". Lo que tiene claro es que las boticas "no puede aguantar sin cobrar hasta final de año" y alerta de que "el modelo está cerca del colapso". Sin la actual distribución mayorista, la patronal del sector sostiene que se "pondría en riesgo la supervivencia de más de 6.000 farmacias de baja facturación".
Hasta el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha denunciado: "No podemos permitir que un farmacéutico se quede sin cobrar a fin de mes, porque no hay garantía de que los medicamentos estén disponibles para nuestros pacientes".
Por ahora, ni el Gobierno ni la oposición han ofrecido garantías sobre cómo ni cuándo saldarán las deudas con el sector. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, se lavó las manos el pasado jueves al afirmar que su Gobierno ha cumplido con su parte al aprobar tres reales decreto ley que deberían ahorrar 5.000 millones de euros de la factura farmacéutica. Nada más lejos de la realidad. Con los dos decretazos de 2010, el gasto anual en recetas se redujo en 1.094 millones de euros, frente a los 2.500 prometidos. Y el último recorte de agosto tampoco alcanzará los 2.500 millones previstos, ya que el Ministerio ha rebajado a 2.000 el ahorro de la medida que entra en vigor el 1 de noviembre.
Tampoco se puede esperar mucho más de un cambio de Gobierno en el corto plazo. Desde el PP se fía todo a las reformas que devuelvan el pulso económico para sanear el actual agujero sanitario de 15.000 millones de euros. Y hasta que se active la recuperación, serán los nuevos presupuestos de 2012 los que den nuevo oxígeno al sector a través de unas cuentas hipotecadas con la deuda arrastrada de 2011.
The Economist: Costes sanitarios fuera de control
