La reforma fiscal se presenta más que polémica en el País Vasco, se avista una subida impositiva y la posibilidad de desarmonización fiscal dentro de la propia comunidad autónoma. La izquierda abertzale, que gobierna en la Diputación Foral de Gipúzcoa, no está dispuesta a permitir que Álava y Vizcaya demoren las reformas.
La patronal guipuzcoana Adegi ya ha expresado su preocupación por lo que se está planteando y advierte del riesgo de penalizar a los capitales.
El PNV, que gobierna en la Diputación de Vizcaya, aboga por aplazar el debate y plantear una reforma en profundidad, más sosegada y orientada a favorecer la actividad empresarial y el empleo. No ven con buenos ojos recuperar el Impuesto sobre Patrimonio, pero si hay que hacerlo que sea después de que lo hagan el resto de comunidades autónomas. Advierte que hacerlo unilateralmente tiene fuertes riesgos, como la deslocalización generalizada que se produjo con las sociedades de inversión (Sicav) cuando se les eliminó la tributación especial.
Los protagonistas del debate
El PP, que tiene su cota de poder en la Diputación Foral de Álava, tampoco quiere prisas. Se opone radicalmente a la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio y quiere una fiscalidad que reactive la actividad económica y el empleo. Aboga por incentivar a las familias y a las empresas que creen empleo.
Desde Bildu, que ostenta el gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, quieren una fiscalidad de izquierdas, más progresiva, en la que se recupere el Impuesto sobre Patrimonio y se incrementen los tipos del IRPF hasta el 50% para las rentas más altas.
El cuarto protagonista del debate es el PSE, que ostenta el Gobierno vasco, que aunque no tiene competencias en materia fiscal, si le corresponde la labor de coordinación fiscal, junto al Parlamento vasco. El lehendakari Patxi López difundió en julio pasado su propuesta fiscal que establece recuperar el Impuesto sobre Patrimonio y también elevar los tipos más altos del IRPF para los de mayores rentas.
Nada de dilaciones
Bildu tiene muy claro que quiere una reforma inmediata, con efectos en 2012 y 2013, para lo cual hay que trabajar rápido para que los cambios puedan entrar en vigor en esas fechas. Además, reclama una reforma fiscal claramente de izquierdas, en que no sólo se recuperaría el Impuesto sobre Patrimonio, sino que se subiría sustancialmente el IRPF para las rentas más altas, se gravaría más la tributación del ahorro y desaparecerían un buen número de desgravaciones fiscales.
Y como en Euskadi las competencias fiscales corresponden a las Diputaciones, teniendo que ser refrendadas por sus respectivos parlamentos provinciales (Juntas Generales), Guipúzcoa está dispuesta a avanzar en solitario, aunque eso implique tener una fiscalidad diferente a Álava y Vizcaya.
No sería la primera vez que sucediera. En 2008, cuando el PNV gobernaba en la diputación guipuzcoana, mantuvo un año más que el resto el derogado Impuesto sobre Patrimonio.
Bildu no puede hacer su reforma en solitario, no dispone de mayoría suficiente. En este contexto, se ve factible un acuerdo con el PSE, con quien comparte la urgencia de la reforma y su orientación.
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