El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto que permite a los becarios remunerados cotizar a la Seguridad Social durante un período máximo de dos años. La medida entrará en vigor el próximo 1 de noviembre y tiene carácter retroactivo, aunque aquellos que quieran acreditar los programas de formación realizados deberán pagar 1.800 euros por año.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha explicado que con la obligación de las empresas de cotizar por sus becarios, la Seguridad Social obtendrá 18 millones de euros al año, mientras que por los rescates de becas no cotizadas ingresará unos 120 millones de euros en el mismo periodo.
Esta iniciativa es una novedad incluida en la reforma de pensiones aprobada por el Parlamento el pasado 21 de julio, que eleva, progresivamente, la edad de jubilación de 65 a 67 años y aumenta de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la pensión.
A partir de ahora, las personas que participen en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. "Los becarios dejarán de ser precarios", subrayó el portavoz del Gobierno, José Blanco, antes de cederle la palabra a Valeriano Gómez.
Los beneficiados
El Gobierno estima que en la actualidad hay unas 30.000 personas en esta situación en el conjunto de las universidades, fundaciones y otros organismos que conceden ayudas a la formación.
Además, quienes hubieran sido becarios con remuneración con anterioridad a esta norma podrán suscribir un convenio especial que les permita el cómputo de cotización hasta un máximo de dos años.
El Ejecutivo prevé que entre 100.000 y 200.000 personas pueden optar a beneficiarse de esta ampliación de la medida, explicó al Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los cálculos
Según indicaron fuentes de la Seguridad Social, las personas que soliciten el efecto retroactivo, lo que podrán hacer hasta el 31 de diciembre de 2012, la base de cotización estará constituida por la base mínima vigente en el Régimen General en el periodo que corresponda, a la que se aplicará un coeficiente reductor del 0,77.
Así, los 1.800 euros son el resultado de un abono aproximado de unos 75 euros por cada mes de cotización dentro del periodo reconocido, que no será superior a dos años, los dos últimos en los que el demandante fue becario, independientemente de en qué años se cumplieron.
Por su parte, aquellas personas que a partir de la entrada en vigor del Real Decreto estén participando en programas de formación retribuidos, cotizarán desde la fecha de inicio hasta el cese de actividad por la base mínima de cotización en vigor, con una media de 40 euros. De esta cantidad, unos 38 euros serán abonados por la entidad pagadora de la beca, y alrededor de 2 euros por cuenta del cotizante.
La reforma no se podrá aplicar a las becas no pagadas ni a las que se conceden para ampliar estudios, por ejemplo. Tampoco resulta aplicable al personal investigador en formación, cuya inclusión en el Régimen General se encuentra ya regulada en la legislación.
Asimismo, los becarios deberán acreditar su condición mediante un certificado expedido por los organismos o empresas que los financien. Su alta será tramitada por la instancia que financie la ayuda y en el caso de cofinanciación la que efectivamente la pague.
Según explicó el ministro de Trabajo, era necesario regular mejor la figura de los becarios para no acabar "condenando" al joven a que pierda derecho a la cotización social. Además, como el coste se asemeja al de trabajadores por cuenta ajena es "muy probable" que a la empresa le resulte "más ventajoso" contratar. Gómez quiso dejar claro que "estamos cerrando un puerta quizá demasiado abierta" al emplearse una "figura inadecuada", para agregar que "anula y dificultará el fraude".
Entidades
Los becarios cotizarán por la base mínima
