San Sebastián, 17 ene (EFECOM).- La cantidad que la Diputación de Guipúzcoa dejó de ingresar entre los años 1989 y 2004 por el presunto fraude de la Hacienda de Irun supera los ocho millones de euros, más de un millón y medio de los cuales pudo haber ido a parar a manos de la presunta "trama" que puso en marcha esta estafa.
Este presunto fraude, cuyo principal acusado es el ex director de la oficina de la Hacienda de Irun José María Bravo y por el que se encuentran imputadas otras cuatro personas, consistía en el supuesto cobro de cantidades reducidas a contribuyentes morosos que luego no eran ingresadas en las arcas forales, aunque las deudas se daban de baja por insolvencia o prescripción.
El diputado foral de Hacienda y Finanzas, Pello González (EA), ha dado a conocer hoy ante las Juntas Generales (JJGG) de Guipúzcoa las cantidades exactas de la estafa, fruto de la investigación que su departamento ha realizado entre todos los expedientes que fueron dados de baja en Guipúzcoa por prescripción o insolvencia entre los años 1989 y 2000.
Esta investigación del departamento de Hacienda, en la que han trabajado 18 funcionarios que han descubierto 51 nuevos expedientes con irregularidades susceptibles de ser consideradas constitutivas de delito, se puso en marcha después de las pesquisas que en un primer momento permitieron poner en conocimiento de la Fiscalía 37 casos detectados en el período 2001-2004 y que dieron origen a la apertura de un procedimiento penal que se instruye en un juzgado de Irun.
Durante su comparecencia, Pello González ha aclarado que inicialmente se pensaba que la cantidad que dejó de ingresar la Hacienda foral era de 7.553.137 euros, aunque los 51 nuevos expedientes detectados ahora elevan esta cantidad hasta los 8.125.106 euros.
González ha desvelado además que la supuesta "trama" que puso en marcha el presunto fraude se habría apropiado ilícitamente de más de 1.638.552 euros.
El diputado ha revelado que estos 51 nuevos expedientes han sido puestos a disposición de la juez encargada del caso, quien ha solicitado a su departamento que se investiguen en "profundidad" estos documentos con el fin de realizar una "criba" y que finalmente sólo se trasladen al juzgado aquellos en los que se aprecie un "contenido probatorio" claro. EFECOM
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