La Generalitat mediará con las entidades financieras para evitar los desalojos de aquellas familias que no puedan pagar la hipoteca.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha indicado que el Gobierno catalán ha aprobado unos "criterios mínimos" que articularán unos convenios firmados entre la Generalitat y las entidades de crédito, para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a las familias afectadas.
Según ha explicado Homs, los efectos de los convenios que se están promoviendo empezarán a dar resultado a principios de enero de 2012.
Entre los criterios mínimos que ha fijado el Gobierno figuran el aplazamiento de los plazos del préstamo hipotecario y los períodos de carencia, la dación en pago o el uso de la vivienda con opción de compra, además de evitar que los intereses de demora de los créditos y préstamos sean superiores a 2,5 veces el interés legal del dinero.
El propósito del Gobierno autonómico es impulsar un procedimiento de mediación previo a la apertura de los expedientes judiciales por impago para evitar los desalojos de aquellas familias con riesgo de exclusión social, medida que será efectiva en el caso de las viviendas situadas en territorio catalán.
En otro orden de cosas, el Gobierno catalán ha aprobado el programa para impulsar su Plan Nacional de Valores, un acuerdo cuyo objetivo pasa por "promover una nueva cultura cívica que vele por la cohesión social, la convivencia, el bienestar y la pervivencia de la identidad del pueblo catalán", según detalla la Generalitat en un comunicado.
Para aprobar este plan, el Gobierno catalán crea un consejo director, diversos grupos de trabajo, y un coordinador, y el objetivo el equipo de Artur Mas es acordar esta iniciativa con la participación de distintas consejerías y expertos del ámbito académico, universitario y social.
Gestión de las TIC
El Gobierno catalán también ha aprobado la gestión "centralizada, trasversal y coordinada" de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de la administración catalana y sus empresas públicas.
El objetivo es que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) centralice la gestión para optimizar el gasto.
El Gobierno autonómico también ha aprobado destinar 190.000 euros a una convocatoria de becas de investigación sobre la organización territorial de los Estados y ha nombrado a Arnau Queralt i Bassa (Granollers, 1975) nuevo director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catalunya (CADS).
Los procesos de desahucio crecen en 2011
