De "delicada" y "comprometida" ha calificado la situación económica de la comunidad aragonesa el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, tras conocerse el resultado de la auditoría encargada por el nuevo Gobierno de la comunidad autónoma, en la que se pone de manifiesto que la deuda viva de Aragón es de 3.332 millones de euros, lo que supone el 10,1% del PIB, triplicándose en los últimos tres ejercicios desde los 1.517 millones de euros registrados en 2008 (4,5% del PIB).
Aragón cerrará este ejercicio con un déficit de 943 millones de euros, como resultado de unos ingresos de 4.655 millones de euros y un gasto global estimado a 31 de diciembre de 5.133 millones de euros. Además, la auditoría ha detectado un "agujero" en las cuentas regionales de casi 500 millones de euros no presupuestados. De ellos, 400 millones corresponden a deuda sanitaria y otros 29 millones a prestación de servicios sociales. También se han detectado más de 47 millones de euros en facturas pendientes y no imputadas a presupuestos, de los que 35,66 millones de euros se corresponden con diferentes departamentos del Gobierno regional, mientras que otros 11,2 millones restantes son de organismos autonómicos y entidades públicas.
La auditoría refleja, además, la firma de cartas de compromiso por un importe de 400 millones de euros, de los que 200 millones no han sido aprobados en Consejo de Gobierno y que fueron suscritos desde la Corporación Pública Empresarial y por la anterior Consejería de Economía.
La situación que refleja la auditoría no es nada halagüeña para las cuentas de la comunidad, cuya situación de liquidez es "crítica". Las obligaciones presupuestarias contabilizadas pendientes de pago a 31 de diciembre ascenderán a 562 millones de euros, de los que 435 millones de euros son de proveedores y 127 millones por cancelación de operaciones de crédito.
Un problema de tesorería que ha obligado al Gobierno de Aragón a realizar una "selección de las obligaciones esenciales para las que hemos hecho un plan de pago en el que se garantizan nóminas, servicios vinculados a la educación o farmacia", y que se irá solventando "haciendo fondos de 2012 y de otros años progresivos", para lo que no se descarta la puesta en marcha de un plan especial de control tributario o el rescate de algunos tributos como el impuesto sobre el patrimonio ante "el problema de insuficiencia financiera para atender el año 2012" y que se ve acentuado por la detección en la auditoría de una previsión de gastos plurianuales futuros por valor de 8.042 millones de euros por compromisos, adquiridos principalmente en Obras Públicas a raíz del Plan Red, sobre el que el consejero abogó por su revisión al recoger compromisos de gasto hasta el 2038.
Entidades
C-LM y Cataluña incumplirán el déficit
