En el podio que elEconomista está dedicando a los políticos que más control están ejerciendo sobre sus cuentas públicas, el segundo lugar es, sin lugar a dudas, para Dolores de Cospedal.
La mano derecha del líder del PP en Génova se hizo el pasado 22 de mayo con una comunidad autónoma en ruinas. El Ministerio de Economía y Hacienda situaba entonces, y continúa haciéndolo, a Castilla-La Mancha en el último puesto en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit. El nuevo Ejecutivo autonómico se encontró al llegar agujeros, facturas sin pagar, colectivos indignados y la caja vacía.
Después de un traspaso de poderes repleto de enfrentamientos entre el equipo saliente y el entrante, éste se topó con una realidad muy dura: un agujero presupuestario de 2.813 millones de euros, que hay que sumar a una deuda pública reconocida de 6.267 millones; 168.000 facturas sin pagar y un déficit público superior al 6% del PIB regional en 2010 cuando el objetivo es del 1,3%.
Tras un verano afilando la tijera, el Ejecutivo de Cospedal hizo público el primero de septiembre su plan de ajuste, cuya envergadura lo convirtió en noticia de portada de la prensa nacional. El presupuesto autonómico se recorta un 22,5% y se estima un ahorro para 2011 y 2012 de 1.815 millones de euros.
Este ajuste convierte a la presidenta castellano manchega en la "campeona" del recorte, sólo por detrás del catalán Artur Mas.
Parte del ahorro provendrá de unos ingresos de 97,5 millones, procedentes de ventas de inmuebles, enajenación de participaciones en empresas públicas y mejora de la gestión de fondos comunitarios. Pero el grueso del mismo es, sencillamente, menos gasto. Tanto como 1.717,5 millones de euros.
Cospedal inicia la legislatura aplicando punto por punto el mandato surgido de Génova. Para empezar, menos empresas públicas y menos fundaciones. Sólo en el capítulo de personal se van a ahorrar 391 millones. Hay de todo: reducción de altos cargos; un 40% menos de personal eventual; supresión de organismos como el Consejo Económico y Social y el Defensor del Pueblo regional; disminución de liberados sindicales y subvenciones a los sindicatos, congelación de la oferta de empleo público y reducción del personal interino de la Administración.
Un vistazo a otras autonomías gobernadas por el PP, sólo desde el 22 de mayo o también en legislaturas anteriores, arroja más o menos las mismas medidas para los próximos años. Como ejemplo valga la quita de liberados sindicales en Baleares o la decisión de no contratar profesores interinos en Madrid.
Otro capítulo que Mª Dolores de Cospedal sigue a rajatabla es el que afecta al gasto corriente, en el que se prevé un ahorro de 134,4 millones. Desde menos gasto en campañas institucionales, en alquileres o en el mantenimiento de centros de servicios sociales hasta controles rigurosos de las llamadas telefónicas, reducción de coches oficiales, de dietas y hasta de papel, pues se da la orden de imprimir la documentación a doble cara. Respecto a la televisión autonómica se aprueba un recorte de gasto del 20% del canal. La prometida privatización tendrá que esperar mientras no se modifique la ley audiovisual estatal.
La gestión sanitaria
Aquí es donde el gabinete de Cospedal se la juega, como en su momento le ocurrió a la Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo. Meter la tijera en la Sanidad sin menoscabar ningún derecho social es un reto que la presidenta se muestra dispuesta a asumir. El plan de ajuste contempla nada menos que 400 millones de ahorro en la racionalización de las instalaciones sanitarias de la comunidad autónoma.
El nuevo Gobierno pretende acabar, entre otras cosas, con la costumbre de anteriores Ejecutivos de vender una infraestructura con el compromiso de arrendamiento y posterior derecho de recompra.
Y la obra nueva, excepto la ya comprometida en gasto plurianual, se paraliza en Castilla-La Mancha. Adiós a nuevos edificios, instalaciones e infraestructuras de nuevo cuño. Incluso las reparaciones se vigilarán con lupa. Cospedal ha puesto freno al ladrillo público en sus dominios para dejar de gastar 247 millones de euros.
Con todo ello, y algunas medidas más, el Gobierno autónomo pretende cumplir en 2012 el objetivo de déficit del 1,3% del PIB. La apuesta es peliaguda. En los últimos datos de ejecución presupuestaria hechos públicos por Hacienda, Castilla-La Mancha es la primera autonomía en cuanto a nivel de déficit, con un 4,1% a 30 de junio. La crisis impide contar con más ingresos que los estrictamente necesarios y la comunidad ha de presentar todavía un plan de reequilibrio. Quizá Cospedal tenga que volver a ocupar un lugar en este podio.
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