"Pondremos sobre la mesa el dinero suficiente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas que deseen avanzar en la igualdad". Literalmente, éste fue el compromiso que el Ministerio de Trabajo, a través de su secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, formuló en la recta final de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Igualdad para limar asperezas con la crítica posición de los empresarios ante la ley.
El Gobierno prometió que financiaría hasta el 50 por ciento del coste de puesta en marcha de los planes de igualdad, en aquellas empresas de menos de 250 trabajadores -es decir, las no obligadas a negociarlo por ley- que se interesaran por su desarrollo.
Presupuesto escaso
Desde entonces cerca de un millar de empresas -a razón de entre dos y tres diarias- se han puesto en contacto con el Instituto de la Mujer para interesarse por los pasos a seguir para implantar un plan de igualdad. Sin embargo, el presupuesto que el Gobierno destinará este año 2008 a subvencionar la implantación de planes de igualdad en las empresas apenas llegará a 600.000 euros. Un 25 por ciento menos, por ejemplo, de lo que el Gobierno invertirá en financiar investigaciones sobre temas relacionados con la mujer, en general.
Si se tiene en cuenta que el coste medio de un plan de igualdad oscila entre los 18.000 y los 12.000 euros, en función del tamaño de la empresa, la cuenta es sencilla. Con el dinero previsto para este programa dentro de los Presupuestos Generales del Estado para este año, el Instituto de la Mujer apenas podrá financiar un centenar de planes de igualdad, es decir, una cantidad muy inferior a la demanda que manifiestan las solicitudes recibidas en los últimos meses en el órgano público encargado de fomentar la igualdad de género.
Y todos, por supuesto, de empresas con menos de 250 trabajadores en su plantilla. Las compañías de mayor tamaño, obligadas por ley a negociar con los sindicatos dichos planes, no recibirán ni un solo euro de financiación pública y se deberán contentar con recibir, si lo solicitaran, la asesoría de los técnicos del Instituto de la Mujer. Según el Gobierno, las empresas de ese tamaño disponen de recursos más que suficientes como para financiar los 18.000 euros que puede costar un plan de igualdad.
Nueve millones para igualdad
Las ayudas para implantar planes de igualdad en las empresas ni siquiera representan una décima parte de los recursos que invertirá el Instituto de la Mujer en fomentar la igualdad de género en 2008.
De hecho, dentro de los recursos que recibirán las empresas, figura una partida genérica bajo la denominación 'Fomento de la igualdad en el ámbito empresarial', que estará dotada con 1,3 millones de euros, el doble de las ayudas directar para subvencionar la realización de planes.
En total, las transferencias del Instituto de la Mujer a empresas superarán por poco los dos millones de euros. Las comunidades autónomas, por ejemplo, recibirán más de 1,6 millones para desarrollar programas dirigidos específicamente a mujeres; y la iniciativas de personas o asociaciones de todo tipo para fomentar la no discriminación y la participación de la mujer en la sociedad se dotarán con más de cuatro millones y medio de euros. Cuestión de prioridades. Incluso los programas de cooperación internacional en esta materia estarán más dotados (954.620 euros) que las subvenciones a empresas para que desarrollen lo que, se supone, era el principal instrumento legal para fomentar la no discriminación de la mujer en el ámbito privado. La suma de todos estos programas superará los 9,5 millones de euros.
Privilegios para directivas
Mayor empeño ha puesto el Gobierno en garantizar que las funcionarias que quieran ascender a los puestos más altos de la Administración del Estado no encuentren obstáculos en sus ambiciones profesionales.
La oferta formativa del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) para 2008 reserva explícitamente el 40 por ciento de las plazas en los cursos de formación para directivos a mujeres. Una cuota que sólo se modificará en el caso de que no haya mujeres que cumplan los requisitos exigidos o de que no haya solicitudes suficientes.
Hay que recordar que las estadísticas oficiales revelan que la presencia femenina en los cargos políticos de la Administración General del Estado es de aproximadamente el 33 por ciento, pero que en los puestos de máxima responsabilidad dentro de la escala funcionarial es más reducida.
Y es que, al compás de la inminente creación de la nueva categoría de personal directivo -que los funcionarios de mayor rango de la Administración quieren convertir en una especie de cantera de altos cargos- la formación en habilidades directivas formará parte durante 2008 junto a la igualdad, las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje de idiomas de las prioridades de los cursos de formación del INAP.
