Madrid, 2 oct (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia número 92 de Madrid fijará este martes la fecha del juicio oral que enfrentará a Alberto Cortina y Alberto Alcocer con tres socios de Urbanor, que les exigen casi 40 millones de euros por los supuestos daños sufridos con la venta de los terrenos de la empresa al grupo KIO.
El arquitecto Pedro Sentieri y otros dos socios minoritarios de Urbanor, Luis García Alarcón y Francisco Castelló, han recurrido a la vía civil para obtener una reparación, después de que la vía penal se cerrara en febrero de 2008, cuando el Tribunal Constitucional absolvió a los dos primos por considerar prescrito el delito de estafa de esa operación.
En la vía civil, los "Albertos" ya fueron condenados a abonar 10,8 millones a la familia San Martín por los perjuicios causados con el diferente precio recibido por los terrenos donde se edificaron las Torres KIO, aunque esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid está pendiente de ser revisada por el Tribunal Supremo.
Tanto San Martín como Sentieri y el resto de minoritarios han venido sosteniendo que el precontrato que se firmó en 1987 para la venta de los terrenos a KIO contenía un único precio de 27,43 millones de pesetas por el 95 % de Urbanor, resultado de valorar a 231.000 pesetas el metro cuadrado de edificaciones de los solares.
En la demanda que ahora se dirime, Sentieri, Alarcón y Castelló afirman que "es evidente que hubo otros accionistas que percibieron esa diferencia entre lo que pagó Koolmes (KIO) y lo que no llegó a los socios estafados", que vendieron a un precio mucho menor el metro cuadrado (unas 150.000 pesetas).
Sin embargo, los dos primos defienden que jamás se estableció un precio por metro cuadrado sino un valor "global" por toda la sociedad, de modo que el importe que cobró cada socio dependió de las "condiciones particulares" acordadas con el representante de KIO, Richard Robinson.
De momento, los argumentos de Cortina y Alcocer han sido rechazados por los magistrados que han dirimido la primera demanda que se presentó para obtener una indemnización, la de San Martín, así como los recursos que ha generado.
El pasado 16 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid al considerar acreditado que los "Albertos" "actuaron de forma intencionada al trasladar (al resto de socios minoritarios) una información parcial y alterada de los términos reales de la negociación".
También rechazó que la reclamación en la vía civil haya prescrito, una cuestión que se volverá a debatir previsiblemente en la audiencia previa que se celebrará este martes por la demanda del resto de socios minoritarios de Urbanor.
