Destina 34 millones del dinero para contingencias a pagar su medida estrella a navarros y vascos. La ley limita el uso de este recurso a "necesidades inaplazables" y "de carácter no discrecional".
Fue la promesa estrella del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación. Pagar 2.500 euros por cada hijo nacido desde principios de julio. De que se trataba de una medida improvisada, dio fe la cara del vicepresidente económico, Pedro Solbes, que fue el único miembro del Ejecutivo que no se levantó a aplaudir el anuncio de su jefe. Después confirmó que conoció la decisión apenas unas horas antes.
Los resultados de la decisión
Las consecuencias de la improvisación llegan ahora. El Gobierno ha decidido sacar 34 millones del denominado Fondo de Contingencia para pagar el cheque-bebé a vascos y navarros. En estas regiones esta ayuda se paga como prestación no contributiva, dado que, con su régimen fiscal propio, no se puede articular como deducción fiscal. Esa peculiar fórmula se usa también en el resto de España para aquellos contribuyentes que no tienen obligación de declarar a Hacienda.
El fondo se utiliza habitualmente para atender imprevistos, como incendios o inundaciones. Fue creado por el Gobierno de José María Aznar para dotar de flexibilidad de actuación a una Hacienda Pública que se vio encorsetada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
EN 2007 ha contado con una dotación de 3.390,78 millones de euros. Es decir, pagar el cheque-bebé a País Vasco y Navarra se lleva más del 1 por ciento de la cuantía del Fondo de Contingencia.
La ley obliga a pagar
Sin embargo, ¿es correcto haber utilizado este mecanismo para financiar una promesa de carácter electoralista como la de Zapatero? El Gobierno defiende que sí, pero la opinión del PP es bien distinta.
La ley es clara: el fondo se usará para afrontar "necesidades inaplazables, de carácter no discrecional". Y añade que "en ningún caso podrá utilizarse el fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración". ¿No fue precisamente discrecional la decisión del Gobierno, la cuantía de la ayuda y la fecha de su puesta en marcha? ¿Por qué no se esperó a este año para su entrada en vigor y así poder dotar a la medida del necesario soporte presupuestario?
Argumento del gobierno
En Hacienda defienden que hay una ley aprobada por el Parlamento que obliga a pagar unas prestaciones. Se aferran a un artículo de la Ley General Presupuestaria que permite ampliar los fondos dedicados a ayudas como prestaciones de maternidad o incapacidades..
La opinión del PP es contraria. Admiten que se podría tirar del fondo, pero a partir de este año, si, por ejemplo, el Gobierno hubiera previsto 400.000 nacimientos y se produjeran muchos más, con la consiguiente desviación de gasto. Así sucede con las bajas por maternidad o con las incapacidades temporales, por ejemplo.
Sin embargo, Elvira Rodríguez, que fue secretaria de Estado de Hacienda con el Gobierno de José María Aznar y hoy ocupa la Secretaría de Economía y Empleo del PP, sostiene que lo que ha hecho el Gobierno es "ilegal" y "se ha llevado por delante la Ley de Estabilidad Presupuestaria", lo que denota una "irresponsabilidad absoluta".
El importe que se ha sacado del Fondo de Contingencia obligó a que esta dotación fuese aprobada por el Consejo de Ministros, lo que ha permitido que se conozca.
El acuerdo, que recibió el visto bueno del Gobierno el 21 de diciembre, supone que Hacienda le da 34 millones de euros a la Seguridad Social para que pague la prestación en el País Vasco y Navarra. Una fuente del Ministerio de Trabajo indicó que la Seguridad Social se limita a poner la infraestructura que tiene en esas dos regiones para abonar la ayuda, pero matizó que de sus arcas no sale ni un euro, ya que, al ser una prestación no contributiva, su financiación ha de hacerse con impuestos, y no con las cotizaciones sociales, de las que se nutre la Seguridad Social.
Desde que el pasado 20 de noviembre se empezó a pagar el cheque-bebé, las arcas del Estado han desembolsado 400 millones de euros, fruto de los nacimientos o adopciones de más de 159.000 niños, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno. De esa cuantía, alrededor de un 5 por ciento ha ido a parar a vascos y navarros.