La Generalitat rechaza reunirse con el comité de Yamaha para hablar alternativas

Barcelona, 20 sep (EFE).- El departamento de Empresa y Empleo ha rechazado la petición del comité de empresa de Yamaha de reunirse para aclarar la situación del proceso de negociación abierto para buscar una alternativa industrial para la planta de la multinacional en Palau-solità i Plegamans (Barcelona).

Fuentes sindicales han asegurado a Efe que la conselleria les ha comunicado que prefieren mantenerse en un segundo plano en el momento actual, que adivinan crucial para la marcha de las conversaciones.

La multinacional Yamaha tiene sobre la mesa hasta cinco ofertas para comprar su fábrica catalana ante la inminente retirada de España de la compañía nipona, que quiere abandonar la actividad antes de acabar el año.

Ante la negativa de la dirección general de Relaciones Laborales de la Generalitat a reunirse con el comité para aclarar el proceso, miembros de este organismo se han concentrado hoy a las puertas de la conselleria y han conseguido reunirse con el secretario general de Empresa y Empleo, Enric Colet.

Según las mismas fuentes, Colet les ha trasladado la voluntad de la conselleria de esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y tener una actitud "neutral" hasta que se cierre el traspaso de actividad.

Los trabajadores quieren que la Generalitat tutele el proceso de cambio de titularidad de la planta de Palau-solità i Plegamans, donde, de momento, continúa la producción de motocicletas a un ritmo normal.

Los sindicatos han subrayado que Yamaha no tiene razones objetivas para el cierre de la fábrica, como recogió la Inspección de Trabajo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa el pasado marzo y que luego retiró.

Por lo tanto, los representantes sindicales creen que pueden exigir que el nuevo inversor que compre la planta sea "una empresa seria, solvente, de futuro y que garantice los puestos de trabajo", que son 388.

Los sindicalistas rechazan una fórmula de traspaso como la llevada a cabo en las antiguas plantas de Sony en Viladecavalls y de Sharp en Sant Cugat del Vallès, ambas en Barcelona, donde los trabajadores no recibieron indemnizaciones si eran absorbidos por el nuevo inversor.