Las medidas aprobadas por el Gobierno y publicadas en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado 17 para crear un nuevo Impuesto sobre el Patrimonio para 2011 y 2012 pueden ser modificadas por cada una de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia para legislar sobre este tributo, lo que supone que estas medidas pueden quedar en un simple manual de orientaciones.
Por ello, el portavoz de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Francisco de la Torre, ha rebajado a algo más de 500 millones de euros la recaudación de 1.000 millones prevista por el Gobierno con el mínimo a partir de 700.000 euros, ya que la Comunidad de Madrid bonifica este tributo al 100 por ciento de su gravamen.
La recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio superó ligeramente los 400 millones de euros en los años previos a su hibernación. Así, por ejemplo, según la Memoria de la Agencia Tributaria, en 2007 la recaudación de Madrid supuso un total de 412 millones de euros.
Las autonomías deberán estudiar ahora si mantienen su propia exención, modifican sus legislaciones o las mantienen como están. Además, tanto País Vasco como Navarra deberán aprobar este gravamen en sus respectivas leyes forales, y Cataluña ya ha anunciado su intención de bonificarlo.
De la Torre rechazó que recuperar Patrimonio se corresponda con el Impuesto para gravar a las grandes fortunas, pues sólo excluye a parte de la clase media. "Tener dos pisos en Madrid no son las grandes fortunas", apuntó. Desde la instauración del Impuesto en 1978 todas las comunidades autónomas han ido recibiendo las transferencias del Impuesto que suponen la posibilidad de imponer los mínimos exentos, los tipos, las deducciones y las bonificaciones en la cuota.
Transferencias cedidas
Madrid, que fue la última Comunidad Autónoma en recibir estas transferencias (en 2002) decidió imponer una exención sobre el Impuesto del Patrimonio del 100 por ciento, lo que supone que a pesar de que el Gobierno de Zapatero haya levantado la exención general, en la Comunidad madrileña sigue vigente y, por tanto no habrá recaudación alguna, salvo que el Gobierno de Esperanza Aguirre decida cambiarlo antes de fin de año.
En 2008, en el momento en que se decidió la hibernación del tributo, nueve comunidades autónomas habían aprobado sus propias leyes del Impuesto sobre el Patrimonio. Se trata de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia.
En el caso de Baleares, Cantabria y Madrid se ha modificado la tarifa, lo que hace que los tipos recaudatorios sean distintos, pero la mayor diferencia con el Impuesto aprobado por el Consejo de Ministros se da en los mínimos exentos, que continúan vigentes en lugar de estarlo los 700.000 euros aprobados en la normativa Estatal.
Así, en Madrid tributarían, de levantarse la exención del 100 por ciento vigente, los que tengan un patrimonio que supere el mínimo exento de 112.000 euros. Esta cifra mínima asciende a 120.000 en el caso de Baleares y Canarias y a 150.000 en Cantabria y la Comunidad Valenciana. Más bajos son todavía, los mínimos exentos en Galicia y Cataluña, que se sitúan en los 108.200 euros.
Si los Parlamentos autonómicos no deciden cambiar estos mínimos antes de concluir el mes de diciembre, serán los que rijan en las comunidades autónomas correspondientes, lo que puede acabar con el objetivo marcado por el Gobierno de recaudar a costa de las clases más altas y no de las clases medias.
También, es preciso tener en cuenta la gran cantidad de deducciones y bonificaciones incluidas por las comunidades autónomas en sus respectivas normativas, lo que hace que sea muy difícil establecer un baremo general de recaudación.
BOE: Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio
