Economía

Una deuda de bandera: las autonomías deben 25.000 millones a los bancos y cajas

El más que intenso recurso al endeudamiento de las comunidades autónomas durante la última década ha convertido a la administración regional en un cliente preferente del sector bancario doméstico. Según las estimaciones de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), las deudas que mantienen los ejecutivos autonómicos con bancos y cajas superan a día de hoy los 25.000 millones de euros

Una cuantiosa cifra que equivale al 14 por ciento de la suma de los presupuestos regionales para 2008 y que se eleva por encima de los 50.000 millones de euros si se agrega el pasivo que los ayuntamientos y diputaciones provinciales españolas mantienen con la banca.

Y eso que, en el caso de las comunidades autónomas, las favorables condiciones financieras derivadas del bajo nivel de los tipos de interés durante el arranque del siglo han animado a muchas de ellas a jugar en los mercados de deuda pública, con colocaciones -bastante exitosas, por cierto- de bonos, obligaciones, pagarés y otra clase de instrumentos de corto y largo plazo.

La evolución ha sido evidente. Mientras en 2002 la inmensa mayoría de la deuda autonómica (por entonces, apenas 40.000 millones de euros) se instrumentaba a través de operaciones crediticias y préstamos con la banca tradicional, hoy, con la deuda autonómica a punto de superar la barrera de los 60.000 millones, más de la mitad de este endeudamiento está colocado en los mercados de deuda pública.

El fin de la 'era dorada'

Las pioneras de esta diversificación fueron las autonomías más endeudadas: Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, que por sí solas suponen el 73 por ciento de la deuda regional, aprovecharon la consolidación de los mercados de renta fija y las favorables condiciones crediticias para aprovechar la bonanza del mercado para financiarse. Si bien Madrid y Cataluña son autonomías con gran peso en el PIB nacional, destaca la elevada deuda de Valencia, presidida por Francisco Camps, en comparación con su aportación al crecimiento total.

Según subrayan Carmen López Herrera e Iker Goikoetxea, en un artículo en Cuadernos de Información Económica de Funcas, no ha sido ajeno a este movimiento el incremento de las restricciones presupuestarias a las autonomías como consecuencia de las leyes de estabilidad. Sin embargo, este periodo de prosperidad toca a su fin. Funcas advierte de que el cambio en las condiciones de los mercados financieros como consecuencia de la crisis subprime puede tener efectos perniciosos sobre el que ha sido el principal cauce de financiación de las autonomías de mayor tamaño.

"En contextos de incertidumbre, el mercado oscila hacia los instrumentos de menor riesgo y eso puede perjudicar a determinados instrumentos con una calificación crediticia más baja" como es el caso la deuda autonómica, razonan desde Funcas.

Conclusión: es posible que en los próximos meses las comunidades autónomas encuentren más dificultades si pretenden financiarse a través de la emisión de valores de deuda pública.

Endeudadas de por vida

Algunas, anticipando esta posibilidad, ya comenzaron hace tiempo a pedir préstamos en entidades financieras, pero extranjeras. La tendencia es cada vez más acentuada y ha reducido el porcentaje de deuda pendiente con la banca española en más de seis puntos en los últimos años hasta hacerla descender hasta el 35 por ciento.

Funcas resalta que si algo ha destacado en la gestión de la deuda por parte de las administraciones autonómicas en los últimos años es su profesionalización. A medida que han incrementado el endeudamiento, un 60 por ciento en un lustro, los responsables autonómicos han refinado la forma en que gestionaban su pasivo para reducir su factura. También han jugado con los plazos: Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha y Galicia tienen deuda hasta por 30 años.

No sólo se han aventurado en mercados hace años reservados en exclusiva al Estado, sino que han hallado subterfugios para eludir los límites legales. Es el caso de la desviación de deuda a entes y empresas públicas, cuyo endeudamiento no se computa en los presupuestos.

A finales de 1999, éste era de 4.554 millones y hoy supera los 8.549 millones. Castilla-La Mancha y, especialmente, Cataluña son las que más alegremente se han sumado a la moda. Cataluña aglutina la mitad de la deuda autonómica por este concepto. Esta deuda enmascarada equivale el 16 por ciento de la deuda autonómica total.

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky