En España, hay cerca de tres millones de contribuyentes que no pasan grandes quebraderos de cabeza a la hora de cumplir con Hacienda. Son los que están encuadrados en el llamado régimen de módulos. Se trata en su mayoría de profesionales autónomos y pequeñas empresas a las que el Fisco exime de tributar por IRPF a cambio de pagar una cantidad directa todos los años, siempre que no superen un determinado límite de facturación, a partir del cual pagarían su Impuesto sobre la Renta como cualquier otro contribuyente.
La realidad es que este sistema, que muchos fiscalistas consideran una aberración, se mantiene para conseguir hacer pagar impuestos a un sector que mayoritariamente no lo haría si no fuera de este modo, según el razonamiento recurrente de los distintos responsables de Hacienda que en España han sido.
A la caza del fraude fiscal
Para muchos este régimen de estimación objetiva o de módulos -bajo el que tributan talleres, cafeterías y todo tipo de pequeños negocios- es el más importante nicho de fraude fiscal de la economía española. Bien, pues el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha decidido que la mejor forma de mantenerlo a raya es encargando su vigilancia a las Delegaciones Territoriales de la Agencia Tributaria, que a partir del próximo 1 de enero tendrán esta competencia en exclusiva.
Estas delegaciones también tendrán la función de inspeccionar los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca, y el recargo de equivalencia del IVA. En total, tendrán a su cargo la inspección de más de tres millones de contribuyentes.
Descentralización fiscal
No será la única nueva atribución que estrenarán los órganos regionales de la Agencia Tributaria con la llegada del nuevo año. De hecho, la intención del Gobierno es convertir las Delegaciones Territoriales en el eje central de las actuaciones de gestión e investigación de la Agencia Tributaria con vistas a un futuro en el que se dibuja cada vez con más claridad la cooperación con los órganos tributarios que desarrollen las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía.
Para facilitar ese encaje, las delegaciones regionales no sólo tendrán el deber de investigar determinados impuestos (los antes detallados), sino que gestionarán buena parte del IVA, evaluarán la no sujección o la exención en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y podrán iniciar, tramitar y resolver todos los expedientes sancionadores relacionados con los impuestos cuya investigación es de su competencia.
El reglamento para las delegaciones
Según la Agencia Tributaria, detrás de esta descentralización administrativa, derivada del recientemente aprobado Reglamento de Aplicación de Tributos de la Ley General Tributaria, no se esconde ninguna intención política, sino la simple mejora de la eficacia de los procedimientos tributarios.
José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda, pone como ejemplo la investigación por parte de un inspector de una delegación territorial de un presunto fraude con derivaciones en territorios que no son de su competencia (otra comunidad autónoma). "En estos casos", asegura Peláez, "había que solicitar permiso a los Servicios Centrales para poder llamar a declarar a un contribuyente de otra región". Papeleo, esperas y la investigación que se paraliza. Ya no ocurrirá. A partir de enero, el propio delegado territorial podrá autorizar, con la ley en la mano, la declaración de un contribuyente de otra región.
Otro cambio afectará al registro de Grandes Contribuyentes, donde están las empresas que más facturan del país. Para estar en él habrá que haber tenido sujeto al IVA una cantidad superior a los 100 millones de euros durante tres años consecutivos.
