
Alfredo ha dado la orden y el Gobierno y el PSOE se han puesto en marcha para dar satisfacción al candidato y ofrecerle la anunciada recuperación del Impuesto de Patrimonio revestida de "impuesto contra las grandes fortunas". Cospedal descarta que el PP aplique el impuesto de patrimonio
Pero la unanimidad, en muchos casos a la fuerza, en el objetivo no ha servido para evitar una división en el Gobierno y el enfrentamiento entre Hacienda y Pérez Rubalcaba respecto a los dos temas claves del proyecto: el mínimo exento y el tipo impositivo.
La propuesta defendida por Rubalcaba, y asumida en principio por la mayoría del Ejecutivo, cifraba el mínimo exento, es decir, el tope a partir del cual se obliga a tributar, en un millón de euros -cifra que reforzaría el mensaje de no castigar a las clases medias- y a un tipo del 1 por ciento. Con ello el candidato aspiraba a recaudar en torno a 1.400 millones de euros anuales.
Pero resulta que con esos parámetros a Hacienda no le salen las cuentas y desde el ministerio que dirige la vicepresidenta primera Elena Salgado se ha presentado una contrapropuesta que rebaja ese mínimo exento a sólo 600.000 euros y eleva el tipo impositivo al 2%. Cifras éstas que ya no son tan de grandes fortunas y que amenazan a algunos segmentos de esas clases medias a las que Alfredo insiste en que no quiere molestar por aquello de los votos. Eso sí, ambas propuestas eximen de tributación a la primera vivienda.
Y es este debate el que tiene en "cuarentena" la redacción definitiva del Real Decreto, que el Gobierno tiene previsto aprobar el viernes próximo, aunque en círculos del PSOE se apuesta porque al final se impondrán las tesis del que manda, es decir, del candidato.
El escollo autonómico
El otro gran debate que se abre con la recuperación del impuesto es el autonómico, ya que Patrimonio es un tributo cedido a las comunidades autónomas que, por tanto, tendrían potestad para bonificarlo y mantener el tipo cero en sus respectivos territorios.
En este punto el Gobierno tiene descartado modificar la estructura del impuesto para recuperar el impuesto para el Estado dado que ello exigiría tramitarlo mediante Real Decreto-Ley, lo que haría obligatorio su remisión al Parlamento con el riesgo, más que probable, de que fuera rechazado.
El Partido Popular y Convergencia i Unió ya han expresado públicamente, por boca de sus candidatos, su rechazo a rehabilitar la imposición por Patrimonio. "Castiga al que ahorra", ha dicho Mariano Rajoy, y para Duran i Lleida "es una barbaridad". Por ello el Ejecutivo ha optado por la figura del Real Decreto que permite evitar el trámite de las Cortes Generales.
Esperar y ver
Además, en el Ejecutivo y en el PSOE son muchos los que piensan que dada la situación financiera de las Comunidades Autónomas y la necesidad de cumplir el objetivo de déficit impuesto, será difícil que rechacen la posibilidad de obtener nuevos ingresos, "máxime cuando pueden echar las culpas a Madrid y a Zapatero".
De momento, entre las que ya se han pronunciado hay división de opiniones. Desde el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, asegurando que "seguiremos sin pagarlo a no ser que cambie la ley y no nos dejen hacerlo"; hasta su homólogo de Andalucía, José Griñán, a quien le parece "muy bien" que se reimplante siempre que sea para gravar a los más ricos.
En el resto, la postura mayoritaria es esperar y ver qué hacen los vecinos. Así lo ha expresado el consejero de Hacienda de Navarra, Álvaro Miranda, y también coinciden en esta tesis desde las haciendas forales del País Vasco.
De "prudencia" es también la postura de los gobiernos de Galicia, Cantabria y Murcia, todos del Partido Popular, aunque sus portavoces aprovechan para atacar la política fiscal de Rubalcaba y del Gobierno. Línea ésta a la que se ha apuntado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien calificó de "escandalosa" la "impudicia con la que el candidato socialista le da órdenes al presidente del Gobierno y presume de hacerlo".