Las arcas de las comunidades autónomas dejarán de ingresar en 2008 cerca de 4.500 millones de euros como consecuencia del parón del sector inmobiliario. Así lo reflejan los proyectos presupuestarios de los gobiernos regionales, que se han visto obligados a ajustar su previsión de ingresos.
De cara a 2008, la inmensa mayoría de los responsables autonómicos de Hacienda han suavizado sus previsiones de incremento de ingresos por estos conceptos, cuando no los han recortado directamente en previsión de una desaceleración brusca de la actividad inmobiliaria. Éste último es el caso, entre otras, de la Comunidad de Madrid, que ha presupuestado un 20 por ciento menos de ingresos por ITP y AJD para 2008, principalmente porque ya ha percibido una desaceleración de los mismos durante el presente ejercicio.
La pérdida de pulso del sector inmobiliario y del ritmo de crecimiento de los ingresos por este cauce dejará a las autonomías sin una cuarta parte de los recursos que venían obteniendo de éste durante los últimos años. En 2007, sin ir más lejos, las 17 autonomías presupuestaron unas entradas cercanas a los 20.000 millones de euros por ITP y AJD, programando subidas de dos dígitos en casi todos los casos. El próximo año se podrán contar con los dedos de una mano las regiones que elevarán sus ingresos en términos reales (descontando el efecto elevador de la inflación).
La gallina de los huevos de oro
Aquellas promesas de felicidad presupuestaria se han ido diluyendo a medida que las solicitudes de nuevas licencias de construcción han decaído. En los últimos años, estos impuestos vinculados a operaciones inmobiliarias han ido ganando peso en los ingresos autonómicos, pasando de ser dos figuras marginales del marco tributario autonómico a aportar casi uno de cada cinco euros de sus cuentas de ingresos.
Además, al no tratarse de figuras especialmente conocidas por los contribuyentes (como pueden ser el IRPF, el IVA o incluso el IBI municipal) las autonomías no han tenido reparos en subir la presión fiscal. De hecho, y según recoge el Registro de Asesores Fiscales (Reaf), a día de hoy la gran mayoría de los gobiernos autonómicos han impuesto el tipo máximo en ambos gravámenes: el 7 por ciento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (que grava la transmisión de inmuebles y otros activos inmobiliarios) y el tipo del 1 por ciento en el de Actos Jurídicos Documentados (que grava el valor de los activos sujetos a escritura pública). Este último caso es muy representativo, porque no hace tanto tiempo que las autonomías lo tenían fijado en el 0,5 por ciento, un rango donde sólo se mantienen el País Vasco y Navarra.
No hace falta decir que en un mercado en el que cada año se sustanciaban alrededor de un millón de operaciones inmobiliarias, estos impuestos han sido una auténtica gallina de los huevos de oro para las arcas autónomicas. Más aún, cuando la tasa de Actos Jurídicos Documentados puede llegar a pagarse hasta siete veces en el proceso de puesta en el mercado de un inmueble.
La paradoja balear
Todas las autonomías van a acusar el golpe... pero lo harán en distinta medida. Las que más han ingresado estos últimos años también serán las que más sufran el parón. La Comunidad de Madrid perderá un 20 por ciento de sus ingresos y Cataluña un 13,8 por ciento.
Otras, pasarán de tener que hacer sitio en sus arcas para tanto euro procedente del denostrado ladrillo a contar con avidez cada uno de los que entre durante 2008. ¿Un ejemplo? La Comunidad Valenciana, que pasará de un aumento del 45 por ciento en los ingresos previstos por esta vía a otro más modesto del 2,5 por ciento, que teniendo en cuenta el efecto de la inflación resulta en pérdidas en términos reales.
Las excepciones siempre existen y en este caso se encuentran en ambos extremos del país. Asturias elevará sus ingresos por este concepto en 23 millones de euros y Baleares en 90, creciendo mucho más que este año, pese al contexto de desaceleración generalizada en el que se moverán.
