La desaparición de la primera radio televisión pública en España es inminente. En Baleares, donde el pasado 22 de mayo el Partido Popular se alzó con la mayoría absoluta, no ha habido margen para el error y la Radiotelevisión de Mallorca ya cuenta un nuevo director general con el que acometer su desmantelamiento y tenerlo listo para el próximo 29 de septiembre.
La liquidación ha sido considerada por los miembros populares como un "asunto de interés de público" dado su "mínimo eco social", su alto coste (tiene un presupuesto anual de 9,5 millones al año) y la similitud de sus emisiones con las que ya realiza el canal autonómico IB3, por lo que no han titubeado a la hora de dictar sentencia.
En Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal apuntaba la semana pasada a una reducción drásticas de los costes y el presupuesto en la televisión pública autonómica. Y es que la mandataria llegó incluso a hablar de cambiar la ley para privatizar estos entes si el PP gana las próximas elecciones del 20-N.
Bien sea por A o por B, lo que está claro es que la formación de nuevos gobiernos en muchas comunidades y municipios ha colocado a las televisiones públicas en el punto de mira. Su discurso es común, acabar con el elevado déficit que generan año tras año.
Ingentes pérdidas
El caso más sangrante en este sentido es sin duda es el de las televisiones autonómicas, con unos costes exageradamente altos para las paupérrimas cifras de audiencia que arrojan la mayoría de ellas. En total, según los últimos datos disponibles, en 2009 los 13 canales públicos de ámbito regional cosecharon pérdidas de más de 770 millones de euros, 825 millones en el caso de 2008. Un dispendio que los gobiernos autonómicos ahora se afanan en recortar a contrarreloj.
Ese es, por ejemplo, el caso de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión. Aquí, la presidenta de la comunidad, la popular Luisa Fernanda Rudi, ya avanzó antes de ganar las elecciones al Partido Socialista que su intención era optar por una gestión público privada para el organismo autonómico.
La televisión "gasta más fondos que el mantenimiento de carreteras" de toda la comunidad, llegó a decir, fijando como objetivo prioritario para su Gobierno la reducción de sus costes. La presidenta no ha perdido el tiempo y de momento ya tiene convocado un concurso para adjudicar toda la gestión técnica de la cadena a una empresa externa. Esta televisión, junto a la balear y a la vasca, es de las más caras, con un coste por habitante y año de 145 euros.
Francisco Álvarez Cascos en Asturias (partido FAC) , María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha o Esperanza Aguirre en Madrid también inspeccionan con lupa cómo reducir los gastos de sus respectivas cadenas autonómicas, siendo partidarios de privatizarlas. En Extremadura, por el momento, PP e IU ha decidido que su ente continúe siendo público.
Plantillas excesivas
El principal problema operativo que tienen muchas de estas cadenas , sobre todo aquellas más atiguas, son sus plantillas sobredimensionadas. Así, resulta difícil llegar a comprender cómo la Televisión Valenciana (su deuda supera los 1.100 millones de euros) tiene actualmente en plantilla 1.800 trabajadores , muchos más que Antena 3 y Telecinco juntas. Y ahí es donde el recientemente nombrado presidente de la comunidad, Alberto Fabra, tiene decidido meter la tijera . Su idea es recortar 1.000 puestos de trabajo para ahorrarse alrededor de 40 millones al año (la Corporación desembolsa 75 millones al año para pagar a todos sus trabajadores).
La urgencia por ajustar los gastos de la mayoría de estas cadenas también obedece a la debacle que la mayoría de ellas están sufriendo en el mercado publicitario. Pese a estar agrupados sus intereses comerciales en la Forta, estas cadenas , aunque acudan juntas al mercado publicitario, no pueden ofrecer a los anunciantes ni una cobertura nacional ni una audiencia atractiva.
Esta situación, conjugada con el recorte en sus presupuestos, podría convertirse en una auténtica bomba de no atajarse a tiempo. Y es que, según datos de Infoadex, las 13 cadenas autonómicas redujeron su facturación hasta junio un 19 por ciento, pasando de casi 150 a 120 millones de euros.
La situación, no obstante, podría cambiar en noviembre. Si el PP gana las elecciones, todo hace indicar que modificará la ley para permitir la privatización de estas cadenas
Deuda autonómica: Recortar o morir
