
La concesión de hipotecas a ciudadanos y negocios dentro de la Unión Europea dejará de depender exclusivamente de la voluntad de los bancos: el Parlamento y el Consejo europeos trabajan en la propuesta de una futura Directiva que contendrá las normas básicas para la concesión de préstamos destinados a la compra de vivienda, y que servirá de guión a las entidades financieras y a los propios consumidores a la hora de firmar este tipo de contratos, protegiéndolos contra denegaciones arbitrarias de créditos.
Con esta medida se intentará reabrir el chorro del crédito e incentivar de nuevo el desarrollo económico y, a la vez, se logrará evitar que se repitan los años del "crédito para todos".
La propuesta pide, entre otras cosas, que se establezcan unos criterios claros y unificados para medir la solvencia del solicitante, y, especialmente, que éste cuente con garantías como un periodo de reflexión para comparar ofertas, o un derecho al reembolso anticipado de la hipoteca bajo ciertas condiciones que deberá fijar cada Estado. Con ello, el consumidor podría tomar decisiones de forma más asesorada y fundamentada.
La futura Directiva se basa en una consulta pública lanzada en 2009 por la Comisión Europea y, de momento, la propuesta -redactada por el eurodiputado español Antolín Sánchez Presedo- aún se encuentra en trámite de enmiendas.
Lo que cubrirá la directiva
La norma comunitaria contendrá pautas relacionadas con los préstamos para comprar una vivienda, así como los destinados a renovarla, y cubrirá todos los préstamos a los consumidores que estén garantizados por una hipoteca u otra garantía comparable. Afectará, por otro lado, a la mayor parte de los actores implicados en el proceso de compraventa de casas: prestatarios, prestamistas e intermediarios.
Como novedades, se introducirán requisitos para la publicidad de los créditos hipotecarios. Por ejemplo, se pretende prohibir textos que puedan crear "falsas esperanzas en un consumidor sobre la disponibilidad o el coste de un crédito", cita el texto. Además, se garantizará que todas las instituciones dedicadas a conceder y distribuir créditos hipotecarios a los consumidores estén reguladas y supervisadas de manera adecuada.
Se impondrán también una serie de principios para autorizar y registrar a los intermediarios de los créditos -empresas que ofrecen información y asistencia a consumidores que buscan un crédito hipotecario y que a veces celebran acuer- dos en nombre del prestador- y se creará un régimen de pasaporte para ellos. Por lo tanto, una vez que se haya autorizado a uno de ellos en un Estado miembro, éste podrá prestar servicios en todo el territorio de la Unión Europea.
En este sentido, tanto los intermediarios como los prestamistas deberán tener información general disponible en cualquier momento sobre la gama de productos de crédito que ofrezcan, y deberán personalizar dicha información para cada consumidor, de forma que puedan comparar las condiciones hipotecarias de cada entidad. Además, se fijarán ciertas pautas de asesoramiento y, especialmente, se deberá evaluar la capacidad de reembolso del consumidor.