Madrid, 1 sep (EFE).- El presidente del Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas, ha opinado que en el contexto económico actual puede llegar a ser necesaria una aportación razonable por parte de los usuarios en determinados sectores como la sanidad o la justicia.
En una entrevista con Efe, López Pardiñas ha defendido el libre acceso del ciudadano a la justicia, aunque ha reconocido que el copago en la administración de justicia podría llegar a plantearse en términos muy razonables.
"No se trata de que todo ciudadano y en toda actuación judicial tenga que pagar una tasa, sino que en determinados supuestos de cierto tipo de recursos y procedimientos judiciales, en razón de la cuantía o de la posición económica de las partes, puede ser razonable que exista una cierta cooperación de los interesados al sostenimiento de la administración de justicia", ha explicado.
Respecto a la devolución de la competencia de la administración de justicia de las comunidades autónomas al Estado, ha considerado que es "natural" que cuando una autonomía que asumió una competencia en su día con determinada dotación presupuestaria prefiera declinar el ejercicio de la competencia o devolverla al Estado, cuando la dotación o no se recibe o resulta insuficiente para prestar el servicio.
Ha mostrado el máximo respeto a la legalidad vigente, la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las sentencias del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Carta Magna.
Por otra parte, el máximo representante de los notarios españoles ha dado la bienvenida a la reforma constitucional para limitar el déficit y la deuda de todas las administraciones públicas impulsada por el PSOE y el PP.
López Pardiñas ha señalado que existe "un consenso bastante generalizado" sobre los efectos positivos del establecimiento de un tope de endeudamiento para todas las administraciones públicas.
Ha expresado su máximo respeto a las decisiones de las Cortes españolas, en la medida en que tienen un soporte mayoritario y se ha seguido el procedimiento establecido legalmente para tramitar la reforma constitucional.
