Será en septiembre. A la vuelta de las vacaciones y será "poco a poco", en función de lo que permitan las finanzas. Pero será y va a afectar, aproximadamente, al 25 por ciento de la plantilla de la CEOE, incluidos varios directivos.
Porque el presidente de la patronal, Juan Rosell, ha puesto ya plazos para culminar su plan de reestructuración administrativa de la organización. Un plan que, como él mismo confirmó en el Ágora de elEconomista, tiene el principio de austeridad como bandera.
"Tenemos muy claro que hay que reducir gastos y vamos a ello", afirmó el dirigente empresarial, que tras reducir de 21 a 9 el número de vicepresidencias, iniciaba el proceso de reforma el pasado día 13 de este mes con la creación de dos vicesecretarías generales que dependerán del secretario general, y que serán dirigidas por Alberto Nadal, hasta ahora adjunto al secretario general, y José Isaías Rodríguez, que dirigía la Delegación en Bruselas.
Tras este primer paso, miembros de la cúpula de CEOE confirman que Rosell empezará en breve las negociaciones para el recorte de plantilla que se pretende sea mediante bajas pactadas y que podría afectar a una treintena de personas, del centenar y medio de empleados que tiene hoy la patronal.
Con este ajuste Juan Rosell pretende ahorrar entre 1,5 y 2 millones de euros de los casi 11 millones a que asciende el coste salarial anual de la organización empresarial.
Jóvenes y gestores
Rosell no oculta, en su entorno, que CEOE necesita más agilidad, más cercanía a los problemas reales de los empresarios de a pie. Por eso su reto es "cambiar los funcionarios por gestores" para lo que quiere rejuvenecer los cargos de alta dirección, muchos de los cuales se mantienen desde el primer mandato de José María Cuevas y, alguno hay heredado de la etapa fundacional de Carlos Ferrer Salat.
El ascenso de Alberto Nadal, hermano del portavoz adjunto de Economía del Partido Popular y exsecretario general de Comercio, en detrimento de Román Adrados, se interpreta como una muestra de esa apuesta por la juventud y la gestión.
Precisamente, y aunque por el momento no hay una lista oficial de los posibles cesantes, el nombre de Román Adrados, actual director del Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales de CEOE aparece en casi todas las quinielas que se manejan en los círculos próximos al presidente.
Unas listas de sacrificados en las que también aparecen José García-Morales Rodríguez, director de Relaciones Internacionales, José de la Cavada, director de Relaciones Laborales, y Rafael de Aldama, director del Gabinete de Asuntos Legislativos, entre otros.
Los dirigentes empresariales consultados recuerdan que las razones que han llevado a José de la Cavada a la lista negra van más allá de su gestión técnica y tienen que ver más con la dirección humana de su propio equipo. En marzo de 2010, un grupo de 10 personas que dependían de él directamente interpusieron una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que falló condenando a De la Cavada con una sanción de 25.000 euros por haber cometido una infracción grave por el trato "humillante" dispensado a sus trabajadores.
Respuesta de los inspectores
Al margen de la reestructuración, la propuesta de Juan Rosell de "combatir y evaluar a los funcionarios prepotentes e incumplidores", que realizó en el Ágora de elEconomista, está provocando numerosas reacciones a favor y en contra.
Entre estas últimas destaca la respuesta dada desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado que, mediante una carta personal firmada por su presidente, José María Lluis de Odriozola, exponen al presidente de la CEOE su preocupación por "la imagen que se quiere dar de los funcionarios como unos privilegiados que se aprovechan de su puesto para trabajar poco. Afirmaciones generales como las hechas por usted, pueden servir para lograr unos titulares y un aplauso fácil pero, desde luego, nos parece lamentable que esa sea su única aportación al necesario debate para lograr solucionar los problemas que nuestro país tiene y en los que la mejora de la función pública es también muy importante".
Asegura también el presidente de esta organización profesional que, aunque existen empresarios que cometen "fraudes fiscales o insolvencias punibles", en nuestras manifestaciones públicas los Inspectores de Hacienda "no hablamos de empresarios defraudadores o delincuentes, puesto que nada aporta a nuestro prestigio y consideración social el denigrar a otros colectivos mediante generalizaciones absolutamente injustas".
