Primero fueron las reformas el año pasado del régimen de comercialización de la lotería -se permitió la venta a través de terminales online y se condenó a la extinción a las concesiones administrativas para cambiarlas por contratos mercantiles- y ahora el proceso de privatización, negada durante años.
Las últimas decisiones del Gobierno con el popular juego de azar han puesto en pie de guerra a los loteros, que han levantado la voz para denunciar que la OPV pone en peligro 9.000 puestos de trabajo al ampliar, tal y como está previsto, los puntos de venta.
Aunque desde Loterías y Apuestas del Estado (LAE) se insiste en que más del 70 por ciento del sector apoya estas medidas, frente a las administraciones que las rechazan, "las que históricamente siempre se han opuesto a cualquier cambio", según dicen, lo cierto es que basta hacer una pequeña encuesta a pie de calle para darse cuenta de que el malestar es generalizado. Los loteros piden, además de la paralización de la reforma, la elaboración de una Ley de Juego Público, "un patrimonio económico y cultural de todos los españoles".
Administraciones en peligro
Las administraciones de lotería dan trabajo directo y estable a unas 12.000 personas, además de otras 25.000 de "manera indirecta", según destaca Manuel Izquierdo, que gestiona una administración en un céntrico barrio de Madrid y que preside además Anapal (Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías).
En su opinión, si la situación se mantiene como hasta ahora y se amplían los canales de venta, facilitando el acceso a la red, por ejemplo, de los bares, "podrían cerrar en los próximos años hasta 3.000 administraciones ". Es decir, que sólo se salvarían 1.000 de ellas. Y no es el único que piensa así. Pedro Lamata, titular de otra administración y miembro también de la asociación, insiste en que "el problema de fondo es que se olvida que la lotería española es la más productiva de Europa y que si el sistema se cambia, todo eso se irá al traste".
Y es que para los loteros, la venta a través de los nuevos canales no sólo no será efectiva, sino que conllevará además una inevitable pérdida de calidad en los procesos de comercialización, amenazando la imagen del operador.
"En los 250 años de historia de la Lotería se ha pretendido que los juegos del Estado fueran de todos y para todos y eso ahora se borra de golpe con la posible desaparición de la red profesional", explican Izquierdo y Lamata.
El peor momento
La salida al mercado de la LAE se produce además, según dicen, en el peor momento posible. Y es que, al margen de las turbulencias de los mercados, el operador lleva sufriendo una contracción de la demanda desde hace ya tres años.
En 2009 las ventas cayeron un 2%, en 2010 un 2,5% adicional y en lo que llevamos de ejercicio, aunque el descenso se ha suavizado, la facturación se sigue reduciendo: un 0,34% sobre el ejercicio anterior. Jorge Martín, que además de una tener una administración en Madrid dirige la revista El Boletín, un medio de las asociaciones provinciales, se pregunta "por qué en la pretasación se optó por partir de un precio bajo y valorar la sociedad estatal en 21.000 millones, algo menos de 7.000 millones por el 30% que se quiere sacar al mercado".
Ante todo ello, y aunque luego se situó el precio en una horquilla entre 25.000 y 30.000 millones, entiende que el futuro inversor debería plantearse varios interrogantes. "Hay que preguntarse qué garantía me ofrecen con todos estos cambios de mantener el nivel de beneficios actuales, sobre todo porque cambiando el aparato productivo, que es el que ha hecho líder a Loterías, cambiamos la imagen y cambiamos el mercado".
El hecho es que las críticas son generalizadas en todo el país. "La ley ataca los derechos adquiridos por los administradores, afecta a las arcas del Estado, es oscurantista y poco transparente", opina Daniel Cobos, que junto a su hermano Manuel regenta la administración Manolita, la mas antigua de Málaga después de la guerra civil.
Oposición al proyecto
Esta administración de loterías ha dado el primer premio de El Niño en 1971 y más de 600.000 euros en la Primitiva en 2008, entre otros. El lotero malagueño expresa su oposición al proyecto porque "los juegos públicos son de todos y no de un gobierno" y, en su opinión, la privatización no mejorará la competividad y la eficiencia de las empresas, como cree el Gobierno.
Y en la misma línea se pronuncia Josep Manuel Iborra, propietario de la administración nº 39 de Valencia, conocida como El Toro. "Se nos quiere exigir acabar con la profesionalidad y convertirnos en puntos de venta mixtos, como ocurre en toda Europa, cuando justamente donde mejor funciona la venta de loterías es en España", asegura.
Desventaja
Para Glòria Ferrer, una lotera de Barcelona, el problema es que el colectivo ha quedado en una situación de clara desventaja. "Yo, por ley, no puedo vender nada más que lotería, no tengo la posibilidad de ampliar mi negocio y cualquier otro comercio podrá expender lotería igual que yo.
Aunque las consecuencias que acarreará la liberalización "aún no se saben exactamente", Glòria Ferrer cree, como el resto, que tendrá un efecto negativo tanto en el volumen de ventas del sector como en la conservación de sus empleos. En principio, el Gobierno mantiene sus planes iniciales y pese a la caída de las bolsas, Loterías saldrá a bolsa el próximo mes de noviembre.
El Gobierno no pospone la salida a bolsa de Loterías
