Barcelona, 10 dic (EFECOM).- El juicio por el "caso Grand Tibidabo" se suspendió hasta el próximo 14 de enero al no retirar el abogado del Estado la acusación por fraude fiscal contra el financiero Javier de la Rosa pese a que las partes habían acordado una rebaja de las penas a cambio de asumir un delito de apropiación indebida.
El juicio por la descapitalización de Grand Tibidabo, cuya instrucción ha durado más de trece años, comenzó hoy en la Audiencia de Barcelona con el anuncio del fiscal de un principio de acuerdo extraprocesal con las defensas, al que se han adherido todas las acusaciones particulares, incluido el abogado del Estado, para que seis procesados asumieran un delito continuado de apropiación indebida a cambio de una reducción sustancial de las penas.
Según este pacto, los acusados aceptaban una considerable rebaja de las penas, de entre 6 meses y 3 años de prisión, en el caso de Javier de la Rosa, a cambio del reconocimiento de su participación en la apropiación indebida de unos 70 millones de euros de la sociedad Grand Tibidabo.
Este pacto hubiera supuesto la conclusión, hoy mismo, del juicio, si el abogado del Estado hubiese retirado los cargos por delito contra la Hacienda Pública contra De la Rosa y otros cuatro encausados, por los que solicita penas de hasta cuatro años de prisión y el pago a Hacienda de más de cinco millones de euros.
Los abogados de los acusados han solicitado la retirada de estos cargos alegando que la apropiación indebida es "radicalmente incompatible con la comisión de un delito contra el erario público", que el fiscal no incluye en su último escrito de acusación.
Las defensas han pedido también la total "nulidad" de la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria, sobre la que el abogado del Estado basa su acusación, al entender que estas diligencias se llevaron a cabo de manera "paralela e ilegal", "contraviniendo los derechos de los imputados" y vulnerando así principios constitucionales.
El abogado del Estado, sin embargo, ha defendido la actuación de la Agencia Tributaria, ha dicho que ésta ejerció sus funciones tan pronto como tuvo conocimiento del presunto fraude fiscal y ha subrayado que es posible y compatible juzgar los delitos de apropiación indebida y fraude fiscal cuando existen "conexiones" entre ambos delitos, como, en su opinión, se da en este caso.
A la vista de las divergencias en las peticiones de ambas partes, el tribunal ha decidido suspender el juicio hasta el próximo 14 de enero y resolver, mediante un auto razonado, si se han garantizado los derechos de los acusados durante el proceso y si existe o no motivo para juzgarles por un delito de fraude fiscal.
Si finalmente el tribunal decide no procesar a los encausados por un fraude a Hacienda, el juicio podría terminar con la conformidad de todas las partes y la lectura de la sentencia a viva voz el mismo 14 de enero.
Ello significaría que De la Rosa, para quien el fiscal pedía 13 años de cárcel, sólo sería condenado a tres años de prisión, lo que supondría que sólo pasaría recluido unos meses, pese a haber desviado unos 70 millones de euros de la empresa Grand Tibidabo.
El abogado Javier Bruna, uno de los defensores de los más de 10.500 accionistas afectados por esta estafa, ha reconocido que el pacto al que han llegado las partes "es lo mejor que podía suceder", aunque pueda dar a entender que "robar en este país sale gratis" y "barato".
"Se merecía mucho más, pero es culpa de todos que esto no sea así, por haber consentido que un proceso que se inició en 1994 no se haya celebrado hasta 2007", ha señalado Bruna, que también ha recriminado a la Generalitat que no se haya personado como acusación particular.
Además de De la Rosa, que hoy se ha sentado en el banco de los abogados al ejercer su propia defensa, están encausados el ex diplomático Manuel Prado Colón de Carvajal, que fue vicepresidente de la compañía, y los también empresarios Joan Cruells, Florencio Cerdà, Arturo Piñana y Ramón Fiter.
La mujer de Javier de la Rosa, Mercedes Misol, no se encuentra entre los imputados por el fiscal, aunque se ha sentado en el banquillo al estar acusada por alguna de las representaciones de accionistas.
El fiscal, finalmente, también ha retirado los cargos contra la empresaria Carolina Malagelada. EFECOM
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