La línea de crédito del ICO que la ministra de Economía, Elena Salgado, ofrecía el miércoles a las comunidades autónomas para que liquiden sus deudas con la Administración Central, ha elevado el volumen de los créditos a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial hasta 58.500 millones de euros, casi el 6% del PIB.
Un importe que, sin contar el Plan de Infraestructuras, supone aumentar en más de cinco veces el importe de los créditos con cargo a las líneas de mediación concedidos por el ICO en 2007, año que marcó un récord en este tipo de préstamos, y que el Instituto va a tener que afrontar con la misma precariedad de medios técnicos y de personal que tenía hace cinco años.
Y la fórmula ICO es cara, porque el problema del Instituto de Crédito Oficial es que para conseguir el dinero necesario para el funcionamiento de sus líneas de financiación está obligado a acudir a los mercados de capitales, asumiendo un compromiso de pago con esos mercados y a unos tipos de interés que, en estos momentos, son muy elevados para España.
A día de ayer la prima de riesgo subía hasta los 340 puntos básicos y el rendimiento del bono español a diez años se situaba en torno al 6%, casi dos puntos por encima del 4,3% en que estaba a finales de octubre, cuando el Ministerio de Economía obligó al ICO a triplicar los intereses de los créditos a las empresas.
Altos intereses
En aquella ocasión (como adelantó elEconomista el 6 de noviembre de 2010), los tipos de interés aplicables a algunas líneas de mediación del ICO subieron de tipos próximos al 1% hasta el 3,8%. Y hoy, responsables empresariales aseguran que el crédito oficial está concediendo préstamos que en algunos casos llegan a un interés de euribor más 5 puntos.
La ventaja que ahora presenta el ICO, aseguran, no está en el precio del dinero, sino en que "ofrece plazos de devolución más amplios y que, en algunos casos, exige menos garantías y condiciones que la banca comercial".
En defintiva, que el ICO hoy va a tener que captar el dinero a precios muy altos y los va a tener que repercutir en el precio de los préstamos a sus clientes, incluidas las comunidades autónomas, salvo que en las condiciones de la nueva línea se habilite un trato de favor a las administraciones periféricas que, en principio, no parece que vaya a ser así, y que sería un agravio comparativo respecto a las condiciones que se aplican a los autónomos y las pymes para crear riqueza y puestos de trabajo.
Daño a la credibilidad
Y de este encarecimiento del crédito se deriva la contradicción respecto a lo que se pretende. Porque lo que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero en la fallida reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue autorizar más deuda para liquidar las deudas.
Como señalaba ayer el portavoz parlamentario del Partido Popular de Cataluña, Eric Millo, la moratoria solicitada por los populares con el apoyo de Convergencia i Unió no tiene repercusión alguna para el Estado en términos de déficit, mientras que la nueva emisión del ICO no sólo ofrece un nuevo instrumento de deuda a los gobiernos autonómicos, sino que "podría dañar la credibilidad de España en los mercados internacionales".
El propio Millo alertaba sobre la posibilidad de que con la línea ICO empeore la situación de déficit y deuda acumulada en Cataluña, que deberá asumir "cifras millonarias en forma de intereses en futuros presupuestos".
Sí es cierto que, como afirman desde Economía, los créditos del ICO no computan déficit. Pero, con salvedades. Porque no computan déficit mientras no se produzcan impagos y el Instituto no tenga pérdidas y pueda compensar los fallidos con cargo a otras partidas. Por su parte, el ICO hacía públicos ayer los resultado de su actividad durante el primer semestre de este año, periodo en el que ha concedido préstamos por importe de 10.546 millones de euros a 146.000 empresas y ciudadanos.
El importe de los préstamos concedidos sitúa la inversión crediticia en balance en 66.685 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento interanual de la inversión del 21%.
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