La ministra de Cultura española, ministra Ángeles González-Sinde, asegura que grandes empresas españolas y de EEUU están preparando inversiones y lanzamientos en servicios de películas y música online en España para cuando entre en vigor en septiembre el reglamento que desarrolla la polémica ley bautizada con su propio apellido para poner freno a la piratería.
Los organismos de vigilancia de la propiedad intelectual han señalado a España como uno de los mayores infractores de los derechos de autor del mundo, con un tasa de piratería de casi el 80%, y van a seguir muy de cerca la aplicación de la nueva ley.
"Hay empresas españolas desarrollando grandes portales y empresas americanas que están seriamente estudiando cómo entrar en el mercado europeo, y espero que eso anime a todo el sector", declara la ministra Ángeles González-Sinde, en una entrevista a Reuters.
"Yo sé perfectamente que ha habido muchas empresas que se han estado pensando si abandonar España, cerrar sus sedes y delegaciones porque no les valía la pena. Me consta que del sector de los videojuegos, y de las majors también", advierte, ante la entrada en vigor de una ley muy criticada por asociaciones de internautas y defensores de la libertad de expresión.
El 4% del PIB
La "Ley Sinde" abre la posibilidad de cerrar sitios web de intercambio de archivos que ofrecen sin autorización material protegido por los derechos de autor. EEUU, país de muchas empresas productoras de grandes cantidades de música y películas, ha saludado la normativa como un paso importante en la lucha contra las descargas ilegales.
La cultura en España supone el 4% del PIB (en el pasado llegó al 5%), pero cada año se descargan en España 400 millones de películas y se venden 100 millones de entradas, según la entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), mientras que la venta de discos cayeron un 21% en 2010 respecto al año anterior, según datos oficiales.
Según ha asegurado José Manuel Tourné, de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), proveedores de ocio digital estadounidenses como Netflix y UltraViolet, la minorista francesa Carrefour y posiblemente la cadena de bienes electrónicos Media Markt, unidad de la minorista alemana Metro, quieren ofrecer sitios legales de descarga con música, libros, películas y videojuegos en España cuando se aplique la ley.
"Todas esas tiendas están preparando el lanzamiento de catálogos muy potentes, con una gran cantidad y calidad de títulos", manifestó Tourné, que confirmó el desembarco de Netflix para enero.
Pero antes, sostiene querían asegurarse de que la ley era eficaz en la lucha contra la piratería, especialmente en lo que se refiere a las páginas de enlace, de las que se sale el 80% del contenido pirateado. "Si el reglamento no dice con claridad que enlazar es un acto de piratería no tendrá eficacia alguna, será papel mojado", asegura Tourné, añadiendo que en ese caso muchas empresas se replantearían sus inversiones.
Por su parte, Sinde menciona a las minoristas El Corte Inglés y FNAC, de las que dijo confiaba en su gran experiencia de venta de otro tipo de productos en sus páginas web, como futuros actores en el mercado del vídeo y la música streaming, y dijo que la nueva ley también permitirá a algunos de los sitios ilegales más visitados pasar a ser legales.
Para la ministra, esto ayudaría a crear puestos de trabajo en un país que sufre el mayor nivel de desempleo de toda la Unión Europea.
Críticas importantes
No obstante, la nueva ley ha sido muy criticada por ambos bandos en el largo debate de la piratería.
Los propietarios de derechos de autor dicen que es demasiado débil y no ofrece modelos seguros para el potencial de negocio de Internet, mientras que las empresas de Internet la ven demasiado estricta.
La ley consiguió el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición de centroderecha PP y CiU después de que el Gobierno introdujera más garantías para calmar a quienes clamaban que atentaba contra la libertad de expresión.
El proceso se inicia con una denuncia de los autores o gestores de los derechos, que va a parar a la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano dependiente de Cultura, que es quien decide si el denunciado vulnera la ley. Después pide al juez autorización para identificar al infractor y posteriormente se solicita a un segundo juez una orden para cerrar la citada web.
"Todo ese proceso no deberá superar los 30 días de plazo", dijo la ministra.
A raíz del escándalo de presunta corrupción en la principal sociedad de gestores de derechos, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) -en el que están acusados su presidente Eduardo Bautista y otros altos cargos-, la ministra Sinde se comprometió esta semana en el Parlamento a introducir controles más estrictos y una auditoría pública obligatoria para las entidades de gestión, que tampoco podrán crear sociedades mercantiles y fundaciones.
Canon digital
Y en otro frente abierto por los internautas, el denostado canon digital, que fue rechazado por la Unión Europea tal y como lo había elaborado el Gobierno, la ministra admite que se están proponiendo alternativas para su eliminación, como podría ser un impuesto público.
"Como es muy complejo técnicamente, estamos todavía buscando cuál sería esa fórmula, que podría ser esa (el impuesto de recaudación pública) o no, no hay un modelo definido todavía", explica.
Sinde, de 46 años y guionista, cineasta y presidenta de la Academia de Cine española antes de asumir el cargo de ministra hace dos más de dos años, dijo que no cree que repita la experiencia de la que, según dijo, no se ha arrepentido ni un solo día.
"La gestión ha estado bien durante unos años, pero quizá mi futuro lo veo volviendo a la escritura", finalizó.
Una sentencia que pone cerco a la Ley Sinde
