MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) propone modificar determinados aspectos del actual régimen de operaciones vinculadas regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para avanzar en la simplificación, flexibilización y adecuación del régimen al contexto internacional y económico.
En concreto, apuesta por dividirlo en dos regímenes diferenciados: el régimen de precios de transferencia, que se aplicaría únicamente a las operaciones internacionales llevadas a cabo en el seno de los grupos multinacionales, y el régimen de otras operaciones vinculadas, que sería de aplicación a todas las operaciones internas en las que el riesgo de pérdida recaudatoria es poco relevante.
Para las operaciones vinculadas interiores, Aedaf propone volver al régimen vigente hasta finales de 2006 en el que se facultaba a la Administración a ajustar, en determinadas circunstancias, los valores utilizados en las operaciones vinculadas sin que las empresas tuvieran la obligación de elaborar y mantener a su disposición una determinada documentación de sus operaciones vinculadas. Además, no existía un régimen sancionador derivado del incumplimiento de la obligación de documentar ni de valorar a mercado.
Como consecuencia de esta modificación, el cumplimiento de las obligaciones de documentación quedaría limitado a las operaciones internacionales, lo que, según Aedaf, lograría aligerar considerablemente las obligaciones de las empresas españolas.
Además, Aedaf pide que se amplíe la exención subjetiva de las obligaciones de documentación, que se defina la vinculación socio-sociedad tomando como umbral mínimo de participación el 25% y que se elimine como supuesto de vinculación que lleva a entender que dos entidades independientes que participan conjuntamente en una tercera entidad ('joint venture') son vinculadas respecto de las transacciones que celebren entre sí.
Por otro lado, considera que deberían quedar fuera del régimen de operaciones vinculadas las relaciones entre una sociedad y sus administradores o consejeros, cree conveniente acomodar la normativa de valoración a las nuevas directrices de la OCDE y propone que la obligación de documentar no se regule de manera tan exhaustiva.
Finalmente, Aedaf pide que no se sancione la mera falta de documentación cuando la Administración no tiene que realizar ajustes y la actuación del contribuyente ha sido diligente, propone que los ajustes secundarios se limiten a las relaciones socio-sociedad, pide indicaciones acerca de cómo eliminar supuestos de doble imposición en el territorio español y aboga por mejoras en el derecho de defensa del contribuyente.
Estas medidas, simplificarán el régimen, flexibilizarán las formas de cumplimiento con las obligaciones, permitirán adaptar la normativa española a la modificación de las directrices de la OCDE, eliminarán potenciales supuestos de doble imposición nacional e internacional, mejorarán la tutela judicial efectiva del contribuyente y, en suma, la competitividad del sistema tributario y de la economía española.
