El Pleno del Congreso aprobó hoy de manera definitiva y con el voto en contra del PP el Proyecto de Ley de Bienes Tangibles, tras aprobar todas las enmiendas procedentes del Senado, entre las que destaca una ampliación de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a interés cero para los 460.000 afectados por las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa
La propuesta, impulsada por el Grupo Socialista, amplía los préstamos ICO del 15% al 17,5%, de modo que el máximo de 3.000 euros por afectado pasa a ser de 6.000 euros. En el caso de colectivos con dificultades económicas, parados, jubilados o perceptores de rentas brutas no superiores a 22.000 euros, el crédito alcanza hasta el 40% de las cantidades reconocidas por la administración concursal, con un máximo de 15.000 euros.
El Gobierno también se compromete a realizar, en el plazo de seis meses, un estudio que analice el impacto de otras medidas en favor de la devolución del máximo posible, así como posibles alternativas entre 2008 y 2001 para colaborar con las administraciones concursales para lograr una liquidación ordenada de ambas empresas
El PP niega a ser cómplice del "engaño"
El proyecto salió adelante gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios con la excepción del Partido Popular, que reivindicaron la necesidad de crear un Fondo de Compensación para los afectados, cuyo coste hubiera alcanzado más de 900 millones de euros.
El 'popular' Rafael Merino reprochó al Ejecutivo que haya considera a los afectados como "especuladores", un planteamiento que, a su juicio "ha seguido a rajatabla" en el desarrollo del proyecto de ley, y recalcó que la propuesta de modificar la línea de créditos ICO supone un "nuevo engaño" del que el PP "se niega a ser cómplice".
En este sentido, aseguró que "cuando el PP vuelva a gobernar" llevarán acabo todas las medidas necesarias para apoyar a los afectados de Fórum y Afinsa "que el PSOE y todos los grupos que les apoyan han impedido", en alusión a la creación del Fondo de Compensación.
"La mejor salida posible", según el PSOE
Por parte del PSOE, Carmen Montón recalcó el consenso alcanzado para esta ley tanto con diferentes asociaciones consumidores como con la mayoría de los grupos parlamentarios y reivindicó las medidas ya impulsadas por el Gobierno a través reales decretos para aliviar los problemas de los afectados.
"La mejor salida que tiene esta situación está en las medidas que ha tomado el Gobierno hasta ahora" aseguró Montón, que reprochó al PP el haber intentado "que esta ley no existiera" y cuestionó que los 'populares' tomaran las medidas que prometen en el "caso improbable" de que accedieran al poder en marzo.
Medidas insuficientes
El resto de grupos parlamentarios expresó su apoyo a las medidas recogidas por la ley, aunque recalcaron su carácter "insuficiente". En este sentido, la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila llegó a señalar la imposibilidad en algunos casos de acceder a las ayudas.
"Mejor esto que nada", aseveró Pedro Azpiazu, del PNV, que señaló las responsabilidades políticas, tanto del PP como del PSOE en un problema generado a 460.000 ciudadanos por la actuación de dos entidades que, según recalcó, "no eran chiringuitos desconocidos" y operaron durante 25 años.
En el turno de intervención de CiU, Jordi Xuclá instó a los poderes públicos a liderar y coadyuvar medidas para que los afectados salgan de esta penosa situación, aunque matizó que delimitar las responsabilidades políticas no es competencial del poder legislativo, sino del judicial.
La opinión de IU-ICV
Por su parte, Carme García, de IU-ICV, señaló la necesidad de separar las responsabilidades y aseguró que la decisión de intervenir del Gobierno fue "acertada" y recalcó que los únicos responsables del fraude son aquellos que ostentaban la titularidad de estas empresas, por lo que calificó las medidas aprobadas hoy de "solución razonable y justa, a pesar de no satisfacer a los afectados".
Por último, Rosa María Bonàs, de ERC, recordó que ley "no se ha hecho para solucionar sólo un caso concreto de estafa sino para resolver un vacío legal" y si el Gobierno tenía intención de tomar medidas debió hacerlo a través de Real Decreto, porque el resultado, a su juicio, resulta discriminatorio con otros afectados de estafas.
Los afectados se sienten "moneda de cambio"
La Coordinadora Española de Afectados de Fórum y Afinsa ha denunciado hoy que este colectivo ha sido "moneda de cambio" en los intereses del Gobierno y de los nacionalistas y ha opinado que la ley de bienes tangibles aprobada en el Congreso no soluciona el problema.
Una solución "insuficiente"
"El quiebro que han dado la mayoría de los partidos nacionalistas que se comprometieron con las asociaciones de afectados a defender una solución justa para las 460.000 familias afectadas ha hecho que el PP se quede solo en la defensa de los perjudicados por este desastre".
La tramitación de la ley demuestra que "la política es un intercambio de cromos", en el que "priman los intereses de los partidos sobre los de los ciudadanos".
La solución impulsada por el Gobierno de ampliar los créditos ICO es "insuficiente, tanto por la cuantía como porque obliga a los afectados con menos recursos a entramparse con el Estado al tener que devolverlos en el plazo de cinco años".
Las asociaciones seguirán trabajando
Adelanta además que las asociaciones de afectados seguirán trabajando por una solución justa y rápida a la mayor crisis financiera que "ha dejado en la indigencia a miles de jubilados, discapacitados y familias que contaban con esos recursos para subsistir".
El Gobierno, considera la Coordinadora, ha tenido y aún tiene la ocasión de solventar el tema evitando las consecuencias negativas que para sus intereses tendría en las elecciones "su ofuscación en este asunto y el costoso pago de los intereses de demora que supondría esperar a la resolución judicial".
En este sentido, recuerda la sentencia del Supremo en el caso de la colza que señalaba que el Estado "pudo y debió afrontar con las consecuencias indemnizatorias suficientes para compensar y resarcir a los afectados de sus consecuencias", sin esperar a que los Tribunales decidan sobre posibles responsabilidades penales