
Bruselas, 29 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso hoy la creación de una tasa sobre las transacciones financieras y un nuevo IVA comunitario para alimentar el presupuesto europeo a partir de 2013 y reducir así la dependencia de las aportaciones nacionales.
Bruselas calcula que estas dos fuentes adicionales de financiación podrían ingresar en las arcas europeas hasta 60.000 en el periodo 2014-2020, una cantidad relativamente pequeña si se tiene en cuenta que el presupuesto para esos siete años alcanzará los 1,025 billones de euros, según la propuesta de la CE.
Desde el estallido de la crisis financiera, la idea de imponer una tasa sobre las transacciones financieras para reducir la especulación y fomentar un reparto más justo de las cargas ha estado sobre la mesa en distintos foros internacionales como el G20, pero no ha logrado reunir apoyo suficiente.
Mientras, el IVA ya es utilizado como fuente de financiación europea a través de una compleja fórmula que se recauda por vía nacional y que genera una pequeña porción de los recursos.
La idea de Bruselas es recoger directamente una parte del impuesto, que nunca superaría los dos puntos porcentuales y que no supondría un añadido al IVA que se paga actualmente en cada país.
Con estas iniciativas para aumentar las fuentes de ingresos propios, Bruselas desea acabar con "un enfoque del presupuesto europeo centrado en (países) perdedores y ganadores", generado por el hecho de que el 75 % del gasto europeo es actualmente financiado por las aportaciones de los estados miembros.
En este sentido, Bruselas también quiere acabar con el sistema que se utiliza para compensar a algunos de los estados más ricos de la UE mediante la devolución de parte de su contribución al presupuesto comunitario, y que nació en 1984 con el cheque británico.
"En el nuevo sistema no hay lugar para la noción de la devolución justa", enfatizó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso.
El líder de la Comisión Europea reconoció que su propuesta desencadenará "debates muy difíciles en los próximos meses" pero dijo estar estoy convencido que la Unión Europea será capaz de pactar un texto "ambicioso que tenga un impacto sobre los ciudadanos".
El Ejecutivo comunitario presentó sus ideas de cara a la negociación del marco presupuestario para el periodo 2014-2020, en el que apuesta por una subida global del 5 %, hasta esos 1,025 billones de euros.
Ese aumento, sin embargo, supondría una disminución en términos reales, pues la proporción del gasto europeo con respecto a la renta nacional bruta bajaría desde el 1,07 % actual hasta un 1,05 %.
En la propuesta de Bruselas, salen beneficiadas las inversiones en investigación y acción exterior, en detrimento de las partidas que tradicionalmente tienen más peso en el gasto europeo, como agricultura o la política de cohesión.
Así, el texto incluye una congelación de la partida agrícola en los niveles de 2013, lo que supone que la cifra para esos siete años ascenderá a 371.720 millones de euros.
El peso del gasto agrícola en el presupuesto se reduciría de esta manera desde el 40% que representa ahora hasta un 36% del total, un extremo que probablemente provocará la oposición de Francia, el país que más ayudas agrícolas recibe.
Por su parte, Bruselas dedicará 376.000 millones de euros a la política de cohesión, una cifra que está por encima de los 348.415 del anterior periodo aunque supone un menor peso en el presupuesto global.
Por su parte, la política exterior aumentará considerablemente hasta los 70.200 millones, para financiar el nuevo servicio diplomático europeo.
La propuesta incluye 50.000 millones para infraestructuras, que podrán ser cofinanciadas por el sector privado mediante herramientas como la emisión de bonos europeos.
Por último, Bruselas ha propuesto elevar ligeramente el gasto administrativo de manera que se mantenga en el 5,7% del total, a pesar de que ocho países europeos del grupo de los más ricos habían pedido reducir esta partida sustancialmente.
Tras las presentación de la propuesta de Bruselas, ésta debe ser consensuada por los países europeos y lograr el consentimiento del Parlamento Europeo en un proceso que se anuncia largo y que podría superar los 18 meses.
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