Los diputados aragoneses han querido igualar su situación al del resto de compañeros en otros Parlamentos, tanto en los regionales como el central, y han pactado una subvención para cuando termine su estancia en el cargo. Cobrarán la asignación base, de casi 3.000 euros, durante un máximo de 16 meses.
Según recogen hoy diversos medios, el pasado día 7 de junio, después de las elecciones, los partidos de las Cortes de Aragón decidieron por unanimidad establecer una paga para todos aquellos que dejen su puesto tras el 22-M.
Todo aquel que lo solicite tendrá derecho a percibir cada mes la asignación base, 2.965,97 euros, por cada año trabajado como diputado, con una duración máxima de 16 mensualidades.
Eso sí, deberán cumplir con varios requisitos. Para empezar, tendrán que garantizar que no tienen otro empleo y apuntarse al Instituto Aragonés de Empleo (Inaem). Además, certificarán su baja en la Seguridad Social y presentarán sus declaraciones de renta -al principio y también al final de la prestación- y de bienes.
El momento adecuado
Llama la atención el momento en el que se ha puesto en marcha la medida: justo después de los comicios autonómicos. Y es que, según señala el Heraldo de Aragón, entre los portavoces que dieron su visto bueno figuran dos posibles beneficiarios, el expresidente de las Cortes Francisco Pina, del PSOE, y el antiguo portavoz parlamentario del PAR, Javier Allué.
En total, hasta nueve políticos del PSOE, PAR y CHA que han perdido su escaño tras los resultados electorales de hace un mes podrían acogerse a la compensación.
Sin embargo, la cuestión negocia desde hace años en el marco del Estatuto del Diputado, según apunta ABC, pero se optó por mantenerlo fuera de la luz pública para no generar críticas, teniendo en cuanta la actual situación económica del país, con cerca de cinco millones de españoles desempleados. De hecho, el acuerdo para establecer esta retribución se alcanzó a finales del año pasado, aunque no fue hasta el 7 de junio que decidieron hacerlo efectivo.
De esta forma, Aragón ha situado a sus diputados a la par de otros en el resto de la geografía española, tanto en parlamentos regionales como en las Cortes Generales, en Congreso y Senado.
En el Reglamento el Reglamento de pensiones parlamentarias aprobado en 2006 se establece que el diputado o senador que no renueve su mandato, tendrá derecho a una indemnización "equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario". La indemnización por cese es una de las que el PSOE quiere replantear.
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