La austeridad parece que va a dominar en la legislatura autonómica recién comenzada. El recorte de gastos es la política económica generalizada que van a emprender los nuevos Ejecutivos y que ya han emprendido los que no se renovaron el 22 de mayo.
En los discursos de investidura de los recién estrenados presidentes, que se han sucedido la pasada semana, el adelgazamiento de sus respectivas Administraciones ha sido el denominador común. Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares y Región de Murcia, las autonomías que a día de hoy ya cuentan con presidentes investidos o en trance de serlo a cortísimo plazo, van a adoptar casi en su totalidad el programa pactado en la sede nacional del PP a los pocos días de la celebración de las elecciones autonómicas.
El acto más llamativo es la reducción de consejerías. El compromiso común acordado es de 10 consejerías como máximo. La mayoría de las autonomías van a contar con menos. La media es de siete consejerías por región.
Esta reducción conllevará la eliminación de numerosos altos cargos y personal directivo o de confianza. Castilla-La Mancha es donde más lejos se va llevar esta medida, con nada menos que un recorte del 60%de personal de confianza. En este capítulo, y salvo este caso, la horquilla oscila entre un 15 y un 20% de reducción.
Estas medida llevan aparejadsas ahorros en gastos de representación (en Navarra, el próximo Ejecutivo de Yolanda Barcina ya ha anunciado un recorte del 15%); parque móvil; seguridad; gastos de funcionamiento y costes energéticos.
La desaparición de organismos, entes y empresas públicas es otra de las patas, y de las más importantes, del adelgazamiento administrativo. Las primeras voces discrepantes se han dejado oír ya en Castilla-La Mancha, donde la oposición socialista ha cuantificado en 6 millones de euros el ahorro que supondrá eliminar el Defensor del Pueblo Autonómico, el Consejo Económico y Social y el Consejo de la Competencia autonómicos. La privatización de la radiotelevisión de Castilla-La Mancha, que costó 70 millones de euros en 2010, depende de la modificación de la estatal Ley General Audiovisual.
Ejemplo gallego
La disciplina del gasto público de las regiones es otra de las promesas de los nuevos Gobiernos. En este sentido, seguirán el ejemplo de la Xunta de Galicia, la autonomía pionera en establecer por ley un techo de gasto no financiero.
La comunidad presidida por Alberto Núñez Feijóo ya puede cuantificar el ahorro derivado de su política de austeridad. En la reducción de gastos de la estructura orgánica de la Administración central y periférica y del personal de gabinete, el ahorro es de casi 11 millones de euros anuales respecto a lo que se gastaba el Gobierno socialista presidido por Emilio Pérez Touriño, "lo que hará un total de 44 millones durante esta legislatura", según los datos facilitados a elEconomista por la Consejería de Hacienda de la Xunta.
Esto significa poco más del 0,1% del Presupuesto de la región para 2011, que supera los 10.500 millones de euros.
El desglose del ahorro total es el siguiente: reducción de las 52 delegaciones territoriales, una por provincia española, a las cinco actuales, 6 millones de euros; reducción de 13 a 10 consejerías y de direcciones y subdirecciones generales, más de 3 millones; recorte de gastos de gabinete, casi 2 millones.
A esto se suma: el Plan de racionalización de los organismos dependientes del Gobierno gallego o adelgazamiento de la "Administración paralela", con la eliminación de 42, casi 21 millones de euros; plan de reestructuración del parque móvil general, con la supresión de 59 vehículos oficiales para altos cargos, 1,3 millones; rescisión de 23 alquileres y renegociación a la baja de otros 15, ahorro neto de 1,2 millones y eliminación de pólizas de seguros gracias a la eliminación de costes y mejoras en la gestión, tres millones. Cerca de otros 26,5 millones.
Gastos sanitarios
Sin embargo, la Xunta de Galicia va a lograr su mayor ahorro económico en dos medidas: la plataforma de logística integral del Sergas o Servicio Gallego de Salud y el Catálogo Priorizado de Medicamentos.
En el primer caso, se trata de una medida encaminada a mejorar la gestión del almacenaje, la distribución y el aprovisionamiento de los stocks de productos sanitarios. Con esta plataforma el ahorro estimado es de casi 200 millones de euros en 10 años, 20 millones anuales.
En el segundo, el ahorro es mucho más espectacular: 50 millones de euros en los cinco primeros meses del año. De acuerdo con este catálogo, el Sergas financia selectivamente medicamentos y productos sanitarios dentro del noménclator oficial del Ministerio de Sanidad. A los mismos principios activos, se opta por el más barato. Este Catálogo está recurrido por el Gobierno central, por entender que invade sus competencias.
Desde la Xunta se defienden porque aseguran que seleccionan los medicamentos según el menor precio establecido periódicamente por Sanidad y que el abastecimiento a la población está siempre garantizado.
La reducción del gasto farmaceútico se está imponiendo como una tendencia generalizada por parta de los Ejecutivos regionales. Tanto que la Federación de la Distribución Farmaceútica (Fedifar) hizo pública, a principios del pasado mayo, "su preocupación por las continuas medidas que están adoptando las comunidades autónomas".
El déficit de las CCAA
