El litoral español está amenazado por la construcción masiva. Este argumento no es nuevo, pero es ahora cuando el Gobierno ha decidido darle más potencia a sus actuaciones con un plan en el que propone, entre otras cosas, intensificar la demolición de viviendas costeras. Las alarmas han saltado entre los ciudadanos británicos, que se cuentan por miles en las playas de Canarias, Levante o Baleares.
A principios de octubre el Ejecutivo presentó su Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa Española, en la que se proponen varias medidas para poner tiritas al delicado estado de salud del litoral español. La presión urbanística que pesa sobre las costas y las diversas tramas relacionadas que se han destapado en ciudades como Mallorca o Marbella, además de la proximidad de las elecciones generales, han propiciado la aparición de este informe sobre el que la Universidad de Cantabria llevaba dos años trabajando, tal y como ha informado el Ministerio de Medio Ambiente a elEconomista.es.
La 'llamada' de la costa
Según el documento, el 44% de la población española (19.744.369 personas) habita en zonas costeras, una ubicación que representa sólo el 7% del territorio español. También hay que tener en cuenta que la playa suele ser el destino predilecto de cerca del 80% del total de los turistas que cada año visitan España, con lo que la densidad de población en estas áreas aumenta ostensiblemente en determinadas épocas del año.
Así, a pesar de la existencia de la Ley de Costas desde 1988, ayuntamientos y promotoras han dado rienda suelta al afán edificador hasta límites insospechados, aunque reiteradamente denunciados por asociaciones ecologistas , vecinos , etc. El resultado, de acuerdo al informe de Medio Ambiente, es que un 32% del litoral mediterráneo y un 51% de las playas necesitan actuaciones de restauración o de mejora.
Con los números sobre la mesa, uno de los objetivos del estudio es limpiar más de 776 kilómetros de costa, que por ahora pertenecerán sólo a las Islas Afortunadas y al Mediterráneo, mediante la culminación del deslinde -delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre- y las demoliciones. Éstas últimas son las que están levantando más ampollas entre los agentes implicados, pero se vienen utilizando desde hace tiempo. En lo que va de año, el ministerio que dirige Elena Espinosa ha echado abajo 665 construcciones ilegales, y la cifra va en camino de incrementarse.
Los británicos, en alerta
Por eso, aunque se trata todavía de una iniciativa pendiente de numerosas tramitaciones previas a su puesta en marcha, ya se ha empezado a pensar en las posibles consecuencias. Sin ir más lejos, hace dos semanas en Reino Unido incluso los medios de comunicación se han hecho eco de las intenciones socialistas, haciendo patente el alcance que el proyecto tendría entre sus ciudadanos.
Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth recogidos por The Times, más de un millón de británicos están afincados en poblaciones costeras, tanto de forma temporal como permanente. Sólo en Alicante viven más de 95.000 ingleses y, en Málaga, pasan sus días otros 51.000 (consultar gráfico).
En teoría, no se quedarían con las manos vacías, ya que la búsqueda de acuerdos con los propietarios "es prioritaria frente a las expropiaciones", según indicó recientemente el secretario general de Territorio y Biodiversidad, Antonio Serrano. Y es que, debido a la ilegalidad con la que constructoras y ayuntamientos han operado durante los sucesivos booms inmobiliarios, muchos de ellos se encuentran con que sus viviendas infringen las leyes urbanísticas y, por lo tanto, podrían ser pasto de las excavadoras.
Vacaciones de ensueño y jubilaciones doradas por el sol podrían verse enturbiadas por la corrupción urbanística, cuyos frutos van desde hoteles en pleno arenal a urbanizaciones levantadas sin siquiera tener la licencia. El proyecto, que tendría un coste estimado de 5.000 millones de euros, se encuentra en estos momentos en manos de las Comunidades Autónomas, que tendrán que dar su visto bueno y prestar su colaboración.
Con todo, de acuerdo con fuentes de Medio Ambiente es probable que no empiece a andar hasta bien entrado 2008.
Los británicos que pueblan nuestras costas
Fuente: The Times / elEconomista
