La Audiencia Provincial de Sevilla las declara no secretas, contradiciendo al Gobierno andaluz
sevilla. La juez Mercedes Alaya, que instruye distintos sumarios relacionados con el fraude de al menos 10 millones de euros cometidos con los fondos públicos andaluces destinados a pagar ERE, ha recibido un respaldo clave de la Audiencia Provincial de Sevilla. Esta instancia ha declarado en un auto del pasado lunes que las 480 actas de los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía que reclamó al Ejecutivo no son secretas, tal y como defendía la propia Junta.
La Audiencia señala que, como dice la propia legislación andaluza, las deliberaciones del consejo de Gobierno son secretas, los documentos que se estudian en estas reuniones, reservados, pero que las actas que recogen sus conclusiones no son secretas. Las actas, que es lo único que solicitó Alaya, han sido entregadas por la Junta y se encuentran depositadas en el juzgado número 6 de Sevilla, el de Alaya, aunque precintadas. Ahora podrá analizarlas. Hasta ahora no lo había hecho, ni tampoco había planteado un conflicto de jurisdicción entre su juzgado y la Junta ante el Tribunal Supremo, a la espera de que la Audiencia se pronunciara sobre los recursos de la Junta al auto en el que solicitaba esas actas.
Estos documentos, todas las actas existentes entre los años 2001 y 2010, podrían recoger información clave sobre la implicación de consejeros y exconsejeros andaluces en las decisiones tomadas sobre el fondo de 650 millones de euros que durante esos años se utilizó para pagar expedientes de regulación de empleo. El procedimiento utilizado para la gestión de ese dinero ya fue criticado por la propia Intervención General de la Junta en 2005, 2006 y 2007, ya que no respetaba los procedimientos de control establecidos.
De hecho, el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, ya está imputado en el caso y la juez ha ordenado incluso que se investigue su patrimonio y el de sus familiares más directos.
