Trabajo dice que tener una pensión pública y trabajo era una discriminación

Madrid, 21 jun (EFE).- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, dijo hoy que la posibilidad de tener una pensión pública y trabajo a la vez era una excepción a la regla general de todos los afiliados a la Seguridad Social y, por tanto, un privilegio, un agravio y una discriminación.

El ministro respondió así a la pregunta del senador del PP Antonio Alarcó sobre los criterios que han llevado al Ejecutivo a establecer un régimen de incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del Sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.

Gómez se preguntó por qué ha de mantenerse un trato distinto a los profesionales liberales con respecto al resto y subrayó que no se "justifica" ninguna diferencia.

Acusó al PP de defender a un colectivo concreto, por lo que dijo a Alarcó que debe ser su partido el que debe explicar su postura a los ciudadanos, mientras que el Ejecutivo, explicó, ha tenido en cuenta las expectativas de muchos trabajadores liberales próximos a la jubilación respecto a los demás pensionistas.

Afirmó que el criterio fundamental que ha llevado al Gobierno a cambiar la ley ha sido el de la "equidad" y añadió que hay un principio con larga tradición que establece la incompatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, ya sea autónomo o asalariado.

Según Gómez, la orden complementa ese principio legal y corrige la excepcionalidad que suponía que sólo los profesionales liberales integrados en mutualidades de previsión social pudieran compatibilizarlo.

Ahora se les aplica la misma incompatibilidad que al resto de los trabajadores, dijo el ministro, quien se mostró "convencido" de que la inmensa mayoría de los ciudadanos comparte este tratamiento.

Alarcó dijo que la modificación de la ley ha generado un gran malestar a quienes ejercen el ejercicio por cuenta propia, médicos, abogados y otros, introduce un factor de inseguridad y además lesiona derechos adquiridos "sin existir causa que lo justifique" y no beneficia a nadie.

Aseguró que la entrada en vigor de la norma, el próximo 1 de julio, afectará a unos 500.000 profesionales y preguntó por qué el cambio cuando es "absolutamente injusto y seguramente ilegal".

Añadió que no lo hace ningún país del entorno e incrementa el paro de personal auxiliar, por lo que aseguró que el PP "no cejará" en el empeño de que se retire.

El ministro aseguró que el Gobierno ha tenido presente las expectativas que muchos profesionales liberales podían tener, especialmente los que se encuentran próximos a la jubilación.

Por eso, dijo, aunque la orden tiene fecha de 23 de mayo, la incompatibilidad no es efectiva hasta el 1 de julio, además de que no quedan afectados los que ya hayan cumplido 65 años antes de esta fecha y carece de efectos retroactivos.

Aunque acusó al PP de equivocarse "una vez más", Gómez mostró su disposición a plantear que se introduzcan elementos "de mayor permeabilidad" entre la vida activa y pasiva, "pero para todos, no para unos pocos".

El ministro también respondió a la senadora del PP Araceli Peris, quien le preguntó si el Gobierno piensa que la culpa del paro es de las entidades financieras y le acusó de buscar culpables de sus propios errores.

Gómez afirmó que "con una política más sensata en la concesión de créditos" el sobredimensionamiento de la burbuja inmobiliaria habría sido de una intensidad muchísimo menor y defendió que "no se trata de echar las culpas a nadie" sino de hacer un "diagnóstico certero" para evitar situaciones similares en el futuro.