La Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue a la SGAE por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones. En ella, acusan a sus directivos de haber obtenido presuntamente beneficios económicos, a través de un entramado de sociedades, tal y como adelantó elEconomista el pasado verano.
Las asociaciones de internautas acusan a los directivos de la SGAE de haber obtenido presuntamente beneficios económicos, a través de una trama de sociedades limitadas financiados con la recaudación de derechos de autor. Así lo señala el diario El País en su edición de hoy, donde señalan que la SGAE, como entidad de gestión colectiva, está obligada por ley a no ejercer actividades con ánimo de lucro.
"Existe una actividad económica con aparentes tintes delictivos", aseguran los denunciantes ya que sus directivos "podrían estar envueltos en una trama societaria supuestamente utilizada para la gestión fraudulenta de sus fondos".
En el punto de mira
Las sociedades Microgénesis y Coqnet estarían en el punto de mira, según la denuncia, por compartir sede social y directivos con la entidad de gestión. En ella se nombra a José Luis Rodríguez Neri, Rafael Ramos Díaz o Eva García Pombo, entre otros.
El diario El País se hace eco del texto presentado ante la Fiscalía y destaca la parte en la que se espeta expresamente que: "Estas cuentas evidencian la existencia de un entramado societario que no mantiene sólo las dos empresas antes citadas y además, lo hace con fines claramente lucrativos, (prohibido expresamente por ley), en el sentido de que sus socios obtienen una serie de beneficios económicos y comerciales como directivos de aquellas empresas (a costa de la SGAE y la protección legal que nuestro sistema de derecho ofrece a su gestión), sino también, el incumplimiento de otro importante mandato legal: 'El reparto de los derechos recaudados se efectuará equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas' (art. 154.1 de la Ley de Propiedad Intelectual)".
En la denuncia presentada también se hace responsable al Ministerio de Cultura, donde se manifiesta su "subsidiaria culpa in vigilando, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este tipo de asociaciones".
