Sevilla, 17 nov (EFECOM).- Un juzgado de Sevilla inicia el lunes el juicio por el presunto espionaje en las cajas de ahorro andaluzas, en el que están acusados el ex presidente de la caja San Fernando Juan Manuel López Benjumea y dos periodistas de El Mundo, y en el que comparecerá el jueves como testigo el presidente de la Junta.
Fuentes del caso han dicho a EFE que el juzgado penal 3 de Sevilla ha fijado el juicio para los días 19, 21, 22, 26, 28 y 29 de noviembre dados los numerosos testigos citados por todas las partes, entre ellos el presidente de la Junta, Manuel Chaves, como denunciante en su calidad de secretario general del PSOE-A, y el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado (PP), ahora alcalde de Granada.
En el banquillo se sentarán Juan Manuel López Benjumea, ex presidente de Caja San Fernando; el detective Joaquín Corpas, al que contrató para averiguar si le estaban siguiendo; el director de El Mundo en Andalucía, Francisco Rosell, y el periodista de este medio Javier Caraballo, para quienes las acusaciones piden multas de hasta 126.000 euros por un presunto delito de injurias graves con publicidad.
Las acusaciones consideran que la publicación en El Mundo en noviembre de 2001 de una noticia sobre el espionaje que supuestamente había sufrido López Benjumea por orden de Chaves y otros dirigentes del PSOE respondió a un "plan tendente a influir en el proceso de renovación de cargos" en el que entonces estaban inmersas las cajas de ahorro.
Al tratarse de un delito de injurias entre particulares, la Fiscalía no interviene en el proceso, pero hay tres acusaciones particulares ejercidas por Chaves y el secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, por Miguel Ángel Pino como ex presidente de la Comisión de Control de la caja y por Juan Escámez, ex jefe de escoltas de la Junta y ahora alcalde socialista de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
La principal incógnita del juicio será la declaración como testigo, el lunes, de Antonio Castellano, el hombre que supuestamente siguió a López Benjumea y que, en el vídeo que sirvió de base a la información de El Mundo, afirmaba al verse descubierto que "entre Chaves, Pizarro y Pino me han ordenado seguir a Benjumea".
Tras haber estado imputado durante cuatro años, las tres acusaciones particulares finalmente no le imputaron pues consideran que el vídeo de la confesión fue "a todas luces manipulado" y no ha quedado clara la participación de Castellano en el "montaje".
Junto a Chaves, Pino, Pizarro, Escámez y Torres Hurtado, declararán como testigos altos cargos de la Delegación del Gobierno que, según la acusación, deben aclarar "las circunstancias que dieron lugar a que el diario El Mundo tuviera acceso a las falsas informaciones publicadas".
La acusación imputa a los dos periodistas por no haber hecho "comprobación técnica alguna ante la evidencia de burda manipulación que presentaba la grabación supuestamente probatoria".
Los letrados de Chaves y de Pino solicitan para los procesados la pena máxima, 14 meses de multa, con una cuota diaria de 300 euros para López Benjumea, lo que equivale a 126.000 euros, y de 200 euros diarios para los dos periodistas, lo que supondría 84.000 euros.
También reclaman indemnizaciones de 250.000 euros para Chaves, 200.000 euros para Pizarro y Pino y de 60.000 euros para Escámez, que los demandantes afirman que donarán a una ONG. EFECOM
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