MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha propuesto al actual presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Alberto Lafuente, como nuevo presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
En virtud de la Ley de Economía Sostenible, el nombramiento de Lafuente ha sido propuesto al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Industria deberá comparecer el candidato para buscar la aprobación de la Cámara Baja. Tras ese momento, el Gobierno aprobará el real decreto que haga efectivo el nombramiento.
Lafuente, que desempeñó el cargo de secretario general de Energía en la última etapa de los gobiernos de Felipe González, sustituirá previsiblemente a María Teresa Costa al frente del regulador y se convertieá en el cuarto presidente del organismo desde su fundación en 1995.
Además de la elección del presidente, están pendientes las de otros cuatro consejeros, que se sumarán a Tomás Gómez y a Idoia Zenarruzabeitia y conformarán un nuevo órgano rector del regulador de siete miembros, frente a los nueve con los que contaba antes de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible.
TRAYECTORIA DE LAFUENTE.
El actual presidente de Correos y futuro presidente de la CNE nació en Zaragoza en 1954 y es catedrático de Economía de la Empresa. Antes de llegar a su actual cargo, había ocupado desde mayo de 2005 el puesto de consejero-director general de Sistemas Técnicos de Lotería.
Lafuente estuvo vinculado con el Ministerio de Industria y Energía desde 1987, cuando fue nombrado subdirector general de Estudios del Ministerio. En 1994 y se hizo cargo de la dirección general del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industria y más tarde ocupó la secretaría general de Energía.
A lo largo de esos años fue miembro del consejo de administración de varias sociedades, entre ellas Enagás, el Banco de Crédito Industrial y Red Eléctrica. Desde enero de 2004 hasta mayo de 2005 fue delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza.
CONSEJO DE ESTADO.
Por otro lado, el Gobierno ha solicitado al Consejo de Estado que emita sendos dictámines acerca de los anteproyectos de ley que modifican tanto la Ley de Hidrocarburos como la Ley del Sector Eléctrico con el objetivo de adaptarlas a las nuevas directivas comunitarias.
En ambos casos, se concede un plazo máximo de ocho días al Consejo de Estado para que emita sus dictámines acerca de estas dos modificaciones normartivas, sobre las que ya se ha pronunciado la CNE.
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