El borrador de la reforma de la negociación colectiva presentado por el Gobierno a los empresarios y los sindicatos, no sólo ha provocado el rechazo de los agentes sociales, sino que plantea muy serias dudas sobre su viabilidad a los expertos en relaciones laborales. Todas las claves de la reforma.
Confusión, intervencionismo, ambigüedad y superficialidad son las calificaciones que los técnicos dedican a una reforma cuyo contenido se cuestiona en todas sus rúbricas y cuyo corolario es que en nada beneficia a la clarificación de las relaciones laborales y, en consecuencia, nada hace pensar que sea un instrumento para dinamizar el mercado de trabajo.
Para Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, el texto que ha presentado el Gobierno "no va mucho más allá de la formalización de un compromiso contraído con Bruselas. Desde el punto de vista legal, está vacía de contenido porque realmente, no mueve nada". El extitular de la responsabilidad de las relaciones laborales en el Gobierno de Aznar cree que hay que seguir con atención lo que opinen los mercados sobre ella.
"Es la clásica reforma hecha con cuidado de no decir ningún disparate", asegura Pimentel, "pero hay elementos que, como se dice habitualmente, no son ni chicha ni limoná, como por ejemplo la posibilidad de modificar la jornada en el 5 por ciento del tiempo de trabajo, cuando los empresarios pedían, al menos, el 15 por ciento". "En el fondo, continúa el exministro, lo que se ha hecho es tratar de cumplir un expediente moviendo lo menos posible. Y, en consecuencia, en la situación del mercado de trabajo no va a tener repercusión alguna".
Más contundente si cabe es la opinión de Salvador del Rey, socio y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas. "Mi consideración general", afirma Del Rey, "es que se trata de una reforma insuficiente en términos absolutos, porque lo que se requiere es una modernización en toda regla de la negociación colectiva. Y también es insuficiente en términos relativos, ya que no tiene en cuenta ni la situación estructural ni la situación coyuntural del mercado de trabajo. Según Del Rey, el criterio en el que había consenso inicial era el de dotar a la empresa de mayor flexibilidad interna, que es la gran asignatura pendiente. No se trata de que el empresario haga lo que quiera, sino que haga lo que cree que debe de hacer, con información previa y con control posterior. Sin embargo, se ha optado por un procedimiento mucho más prolongado, con una obligatoriedad de entablar una negociación que no garantiza llegar a ninguna solución".
Inseguridad
Para Del Rey, en materia de ultraactividad, el cambio no es importante. Sigue la misma inseguridad jurídica que hay ahora, ya que no se define cuándo una comisión negociadora está o no activa. También señala este experto que el arbitraje obligatorio plantea problemas serios, porque es muy dudoso que se pueda obligar a las empresas a someterse a este régimen. Por último, señala Del Rey, en cuanto al rango de los convenios "debe girar en torno a la autonomía de la empresa para dotarse de un convenio propio o para acogerse a uno superior. Y al mismo tiempo, que el contenido de los convenios contenga la mayor capacidad de adaptación para las empresas, lo que no está recogido en el documento. En mi opinión es una reforma de arriba abajo que no satisface las necesidades de las relaciones laborales".
Como de una "falta de seriedad extrema" califica Fernando Eguidazu, presidente del Comité de Economía del Círculo de Empresarios, el proyecto que ha presentado el Gobierno. "No se puede invocar la flexibilidad para, inmediatamente, introducir un sistema de negociación paritaria que, en el mejor de los casos, puede llegar a un acuerdo, pero puede eternizarse en el tiempo.
Para Fernando Eguidazu, el sistema de descuelgue paccionado también está falto de realismo y se pregunta: "¿Es que acaso se piensa que la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales es para subir los sueldos o reducir la jornada de trabajo?".
El directivo del Círculo de Empresarios se cuestiona si se adelanta algo lanzando una reforma que no se va a aplicar y también advierte de su preocupación porque "en Bruselas siguen el proceso y leen los periódicos y a estas horas saben que nada de lo que se nos ha pedido se está llevando a cabo".
No escatima calificativos duros el catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues, Federico Durán, cuando afirma que "el borrador presentado por el Gobierno no sólo no es inocuo, sino que es directamente dañino, porque aumenta el intervencionismo, incrementa el control sindical, establece criterios de contenidos mínimos que limitan y condicionan la libertad de negociación.
Para Durán, el proyecto del Gobierno "sindicaliza en exceso el proceso de negociación colectiva con la intervención de comités, comisiones paritarias y secciones sindicales". Apunta el catedrático que no conviene olvidar que las condiciones de flexibilidad que se han negociado en algunas grandes empresas en los últimos tiempos, posteriormente ha sido impugnadas por los órganos de sindicatos.
"El texto del Gobierno", según Federico Durán, "se presta a interpretaciones diversas y deja muy en el aire algunas materias, con lo que el conflicto o la litigiosidad están casi garantizadas".
"En las circunstancias actuales de paro y falta de perspectiva en el mercado laboral", concluye el catedrático de Derecho del Trabajo, "creo que el proyecto del Gobierno va en sentido diametralmente equivocado".
Por su parte, Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e Investigador de Fedea, considera que es abusivo llamar reforma a la propuesta del Gobierno, porque no cambia el modelo, no se afecta a las reglas básicas de efecto general del sistema actual.
"Se admite una cierta flexibilidad en las empresas", aclara Felgueroso, "pero inmediatamente se somete a un proceso de negociación que condiciona y limita ese principio de flexibilidad de tal manera que lo más probable es que todo quede igual. Los pocos cambios que introduce están sometidos a una ulterior negociación, lo que impide desprenderse del modelo en el que estamos, que se caracteriza porque los ajustes son prácticamente siempre a través de despidos".
"No es la reforma que se necesita", asegura el investigador de Fedea. "Lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego profundo. Por ejemplo, clarificar quién negocia y fundamentar en qué legitimidad negocia. Este borrador no nos libra de ser rehenes de unas reglas del juego que no son las que requiere el mercado laboral y la competitividad de la economía".
Pura cosmética
Gregorio Izquierdo, del Instituto de Estudios Económicos, es más tajante: "Esta reforma mantiene lo que no ha funcionado". Y cita la ultraactividad, la vinculación de los salarios a la inflación y el problema del absentismo. "Se necesita una reforma de calado, no pura cosmética como es ésta". Este experto añade que, además, se introduce un riesgo nuevo como son las disfunciones que creará el protagonismo mayor de las comisiones paritarias.
De la misma opinión es Íñigo Sagardoy, del bufete Sagardoy Asociados, para quien fallan en esta reforma dos puntos claves. Primero, no se aborda una "regulación fuerte" de la ultraactividad. La vigencia de los convenios caducados durante meses hasta que se negocie otro, "los petrifica mientras la realidad económica va más deprisa". Y, segundo, la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa conduce a "posibles bloqueos de los sindicatos". "Al final -concluye-, el protagonismo sindical es mayor del que había antes".
El director del Instituto Flores de Lemus, Antoni Espasa, critica duramente la falta de consenso entre los agentes sociales. "Un cambio necesario, si no es pactado, va a dar luego problemas", por lo que no duda en calificar a sindicatos y patronal de "irresponsables".
La reforma es algo más que puro maquillaje
