El Tribunal de Cuentas ha puesto en cuestión convenios de colaboración suscritos por el Instituto de la Juventud (INJUVE), perteneciente actualmente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el periodo 2008-2009, momento en el que la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se encontraba 'al mando' de este departamento.
En el 'Informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración y la contratación celebrados por el INJUVE en 2008 y 2009', que acaba de remitirse a las Cortes y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press, se señala que el Instituto formalizó 115 convenios de colaboración en ese periodo.
La institución fiscalizadora señala en concreto dos convenios con organismos privados que, en su opinión, debieron ser objeto de contrato: uno de 2009 con Correos, para la prestación de servicios postales y telegráficos, y otro de 2008 con Microbank ('la Caixa') para el desarrollo del denominado 'Programa de Microcréditos a menores de 35 años'.
Convenio en vez de contrato
A su juicio, el empleo de la figura jurídica del convenio de colaboración no fue correcta y debió haberse optado por contratos con competencia. Pero además, en otra parte del informe se dice que el convenio con Microbank tuvo "escasos resultados" y su desarrollo "sufrió mucho retraso en su puesta en marcha".
Plantea también "dudas" sobre otro convenio, dotado con 3,68 millones de euros y firmado con la Generalitat, bajo gobierno del tripartito, y con 25 municipios catalanes, para la puesta en servicio de los denominados 'Espacios para la Creación Joven', donde cree que "se pudo evitar" la aplicación de la legislación de las subvenciones públicas.
Asimismo, el Tribunal señala que el convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover en 2008 la igualdad de oportunidades entre los jóvenes, dotado con algo más de 1,3 millones de euros, derivó en un reparto de ayudas en función de la representación de los partidos en esta federación, "criterio que resultaba incongruente por no ser la FEMP una asociación de representación de los partidos políticos, sino de las entidades locales, además de ser un criterio que no estaba relacionado, en absoluto, con el objeto del convenio".
La colaboración se remontaba desde años antes pero, ante los avisos del tribunal, el Instituto acabó corrigiendo el método de reparto.
Diversas deficiencias
A todo ello, se añaden "diversas deficiencias en la tramitación de los expedientes de los convenios de colaboración celebrados por el INJUVE durante el período fiscalizado, incumpliendo lo dispuesto en relación con la tramitación de los convenios de colaboración".
"En ninguno de los 115 convenios de colaboración del INJUVE en período fiscalizado quedó acreditada la realización de actuaciones para promover la concurrencia de terceros posibles participantes", pone como ejemplo.
Igualmente, el Tribunal denuncia "la escasa o nula actividad de las comisiones de seguimiento y control de los convenios de colaboración celebrados por el INJUVE".
Recomendaciones del Tribunal
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas insiste en reclamar al Gobierno "un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas" con el fin de "regular y delimitar" su aplicación.
En cuanto al INJUVE, la entidad fiscalizadora recomienda "velar por el cumplimiento más riguroso de los algunos aspectos formales, procedimentales y de publicidad de los convenios de colaboración, así como, impulsar la mejora de las actuaciones de seguimiento y control del cumplimiento de los convenios, ya sean estos celebrados con otras Entidades de Derecho público, como con organismos o entidades sujetos al Derecho privado".
Especialmente, reclama el fomento de los principios de publicidad y concurrencia en el ámbito de su actividad convencional, más aun en aquellos casos en los que la firma del convenio conlleve la transferencia de fondos económicos del INJUVE en favor de las entidades participantes de los convenios.
Una medalla sin anomalías
